Unión Europea: Integración y Desarrollo Económico

La Unión Europea y el Proceso de Integración

El Proceso de Integración Europea

La Integración Comercial

Las relaciones comerciales internacionales se han regido por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), actualmente Organización Mundial del Comercio (OMC).

Recordemos que los países miembros del GATT se imponen como objetivo común la liberalización de los intercambios comerciales, la penalización de las prácticas desleales de competencia y el trato igualitario para todos los países.

Aquellos países que quisieron ir más rápido en el proceso de liberalización de sus intercambios, sin extender sus beneficios a terceros, suscribieron o pudieron suscribir acuerdos de integración comercial. Estos acuerdos son, de menor a mayor integración, los siguientes:

• Acuerdo preferencial: permite disminuir las barreras comerciales a un tercer país sin extender este beneficio (cláusula de nación más favorecida) a los demás. Por ejemplo, los acuerdos de la UE con los países ACP (África, Caribe y Pacífico).
• Acuerdo de libre comercio: elimina barreras comerciales en las transacciones entre un grupo de países, manteniendo cada uno de ellos su propio régimen comercial con terceros países. Por ejemplo, el acuerdo suscrito entre EEUU, Canadá y México (NAFTA).
• Unión aduanera: a las ventajas del acuerdo de libre comercio incorpora la de una Tarifa Exterior Común (TEC) para los países miembros. Por ejemplo, las relaciones comerciales entre la UE y Turquía, o las que existen entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil (Mercosur).
• Mercado común: une a la liberalización comercial, la de movimientos de capitales, derechos de propiedad y fuerza de trabajo. Por ejemplo, esta es la situación de la UE desde 1993.

La Integración Monetaria

En cuanto a los flujos de capitales y al código de compromisos con los tipos de cambio, la institución creada fue el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI y los bancos centrales de emisión de los países miembros se comprometían a liberalizar estos flujos y a garantizar unos tipos de cambio fijos entre sus monedas.

Este sistema monetario internacional quiebra a principios de los años 70 y, desde entonces, los gobiernos de los países más ricos (Grupo de los 7 o G7) tratan de coordinar voluntariamente sus políticas para evitar que la fluctuación de los tipos de cambio afecte negativamente al crecimiento económico de sus países.

Tan solo entre los países que constituían las Comunidades Europeas se siguió con un compromiso de equivalencias fijas y de plena movilidad de capitales, que a fines de los años 70 se institucionalizó como Sistema Monetario Europeo (SME), con la idea de conseguir una moneda única, objetivo alcanzado en 2002 por 12 países miembros de la UE-15, que adoptaron el euro como moneda común.

La Integración Económica

Dos países están integrados económicamente cuando sus flujos comerciales, financieros, de derechos de propiedad y fuerza de trabajo no tienen ninguna barrera institucional que los impida o dificulte, y comparten políticas comunes de carácter sectorial y de regulación de los mercados.

Este tipo de integración ha tenido escasos ejemplos en el siglo XX (experiencias fracasadas o muy limitadas en el tiempo).

En el caso de la Unión Europea, sin embargo, el camino se inicia en 1951, y desde entonces, la integración es no solo económica (mercado común) y monetaria (moneda única y política monetaria centralizada en el BCE), sino que también existen mecanismos de cooperación y coordinación en políticas sectoriales, de justicia e interior, o de seguridad y defensa.

La Integración Política

Las instituciones comunitarias básicas (Comisión Europea (CE), Consejo de Ministros (CM) y Parlamento Europeo (PE)) tienen atribuidas ciertas competencias básicas.

• Consejo de Ministros: se encuentra en la cúspide y funciona como órgano intergubernamental de los países miembros, y toma las decisiones legislativas.
• Comisión Europea: se ocupa de proponer iniciativas legislativas y de gestionar la política comunitaria.
• Parlamento Europeo: tiene funciones de consulta y cooperación con la Comisión Europea y el Consejo de Ministros.

Desde el Tratado de Roma (1957) al Tratado de Niza (2002), se dibuja un camino en el que, poco a poco, se refuerza el peso de la Comisión y el Parlamento Europeo frente al Consejo de Ministros.

A diferencia del derecho internacional, los tratados, los reglamentos y las directivas de la Unión Europea son normas de carácter obligatorio y tienen rango legal por encima de la legislación nacional de cada país miembro. Por tanto, el Tribunal de Justicia de la UE resuelve en última instancia los contenciosos sobre temas que son competencia de las instituciones comunitarias.

Probablemente, el paso siguiente a la unión monetaria será la armonización fiscal y el mayor protagonismo del presupuesto de la Unión Europea en la política económica de cada país. Actualmente, aunque la política fiscal es competencia de cada Estado, el Tratado de Niza ha elaborado un código de reglas conocidas como el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento que se concreta en lo siguiente:

• El Banco Central Europeo tiene por objetivo prioritario la estabilidad de los precios en la zona euro.
• El presupuesto de las Administraciones Públicas de cada país debía tener déficit 0 en 2004. El incumplimiento se penaliza con una multa. Este acuerdo va a ser revisado ante el incumplimiento actual de varios países (Alemania, Francia, Portugal…) que critican la rigidez del precepto.
• Fijar un presupuesto comunitario que equivalga al 1% del PIB de la UE, que atienda a la cohesión económica y social (ayuda a las zonas con atraso) y al crecimiento del empleo y la productividad (infraestructuras, medio ambiente, formación e investigación).

De ahí que la Unión haya previsto mecanismos para hacer frente a estos efectos no deseados, desde establecer periodos transitorios hasta la ayuda financiera para la adaptación (Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para las regiones con PIB/habitante menor del 75% UE; Fondo de Cohesión para los países con PIB/habitante menor al 90% UE; Fondo Social Europeo (FSE) para ayudar a la inserción laboral de grupos con problemas; o Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEOGA) para proteger las rentas agrícolas y de los núcleos rurales).

Los efectos económicos de la integración comercial

Cuando disminuyen los precios de exportación e importación, o se eliminan barreras técnicas o de otro tipo al tráfico comercial, se producen los siguientes efectos entre los países participantes:

• Creación de comercio: aumenta la importancia de las exportaciones e importaciones de todo tipo sobre el total de la producción de cada uno de los países que participan en la unión. En la medida en que disminuyen los precios de importación, al desaparecer las barreras arancelarias, eso se reflejará en un aumento del poder adquisitivo y, por tanto, de la demanda real de bienes y servicios de las economías integradas.
• Desviación de comercio: las importaciones y exportaciones con terceros países se sustituyen por flujos entre los países miembros, como consecuencia del mantenimiento del arancel externo. Aquellos países miembros que tenían un arancel previo menor al de la Tarifa Exterior Común (TEC) dejarán de comprar a terceros países para hacerlo a otros países miembros, y ocurrirá el caso contrario cuando el arancel de partida sea mayor a la TEC, pero en general disminuirá la apertura externa de la zona (X+M/PIB) con terceros países.
• Aumento de la eficiencia económica: mayor productividad y menores precios (mayor eficiencia), lo que redunda en beneficio de los consumidores al aumentar su capacidad adquisitiva y la calidad de los productos.
• Cambios en la localización de la actividad económica: se modifica la cuantía, composición y estructura geográfica del comercio y la producción internacional.

La evidencia empírica en la Unión Europea

En el caso de la integración de los países que hoy configuran la Unión Europea:

• El Informe Cecchini evaluó qué costaría el no disponer de mercado único. El estudio se centró en el impacto que el libre intercambio tendría sobre la oferta agregada, haciendo posible una reducción de costes y la consiguiente reducción de precios.
• El Informe Padoa-Schioppa se refería, precisamente, a los costes que habrían de producirse en algunos sectores o regiones como resultado de la integración. Este informe justifica a los euroescépticos, esto es, a quienes piensan que la ganancia global puede ocultar un resultado de perdedores y ganadores que corresponden a países distintos, por lo que hay que analizar con cautela los efectos concretos de los procesos de integración y disponer de medios para paliar los costes sociales y territoriales que se puedan producir.

Los Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA,…) y el Fondo de Cohesión son instrumentos financieros compensadores con los que cuenta la Unión para hacer frente a esos desequilibrios y para garantizar la cohesión económica y social de la Comunidad.

Para avanzar en la construcción europea no es suficiente la integración negativa (eliminación de los obstáculos a la libre movilidad de mercancías, capitales y personas), sino que son necesarias además medidas de integración positiva, capaz de proponer políticas comunes supranacionales y de obtener medios financieros para ejecutarlas. A diferencia del NAFTA (tratado de libre comercio entre EEUU, México y Canadá), la UE dispone de instrumentos de cohesión económica y social, esto es, de transferencias financieras desde las regiones ricas a las regiones pobres para mejorar su competitividad.

La Integración de España en el Mercado Común Europeo

El punto de partida es el acuerdo preferencial de 1970 con la Comunidad Económica Europea, que había permitido una rebaja sustancial de los aranceles a las exportaciones industriales españolas hacia los países comunitarios. A partir de 1978, con la liberalización económica y la implantación de un régimen político democrático, estaba el camino abierto para integrarnos en la Comunidad Europea.

El acta de adhesión de 1985 preveía un periodo transitorio que llegaba hasta 1992 para que se produjera el desarme arancelario y se aplicara la Tarifa Exterior Común de forma gradual. La adhesión supuso también la sustitución de la protección encubierta a las exportaciones, pues se empezó a aplicar un nuevo impuesto al consumo, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En cuanto a la agricultura, esta quedó sometida a la Política Agraria Comunitaria (PAC), que subsector a subsector se concretaba en la correspondiente Organización Común de Mercado, y que partía de los siguientes principios:

• Precios mínimos de garantía, estableciendo aranceles a países terceros para proteger ese precio.
• Cupos de producción garantizada, con la retirada por la CE de los excedentes que no absorbía el mercado y que podían exportarse a terceros países.
• Fondos financieros destinados a la modernización de las explotaciones, al mundo rural y a la conservación del medio ambiente.

Los efectos económicos de la integración para España pueden observarse en la balanza comercial, en la producción y en la renta per cápita.

Por lo que afecta a la balanza comercial: conviene recordar que desde 1989 a 1992 el deterioro comercial se debió al tipo de cambio apreciado con el que decidimos entrar en el Sistema Monetario Europeo y, por tanto, no cabe atribuir todo el impacto a la firma del acta de adhesión. Hasta 1992, el efecto neto arrastró fundamentalmente a las importaciones. El efecto fue mucho menor para las exportaciones.

El deterioro del saldo comercial fue generalizado en casi todas las ramas de la producción, poniendo en evidencia las dificultades que tenían los empresarios españoles para competir con las empresas europeas en un escenario de liberalización comercial.

Por lo que afecta al crecimiento del PIB: las inversiones crecieron por las buenas expectativas tras varios años de saneamiento de las empresas, por la entrada de capital extranjero tomando posiciones en nuestro tejido empresarial, y por los fondos comunitarios destinados a las infraestructuras. Pero a principios de los años 90, este acelerado y corto boom mostró su debilidad a medio plazo, situándonos en 1993 en uno de los años más negros de la economía española, aunque este acontecimiento hunde sus raíces en nuestra entrada en el Sistema Monetario Europeo en 1989, y fue común para el conjunto de los países de la UE. En cualquier caso, superada esa crisis, el PIB de la economía española viene creciendo por encima del de la UE.

En cuanto al PIB per cápita: si bien disminuyó la distancia con la media europea desde 1986 a 1989, siguiendo las pautas históricas de acercarnos en las fases expansivas y alejarnos en las recesivas. En el año 2000 conseguimos llegar a la posición que tuvimos en nuestro mejor año, el 1975, y mejorando esa posición desde entonces.

La renta per cápita disponible para el gasto ha aumentado más que el PIB por habitante, pues las transferencias netas anuales de la UE a España se han mantenido desde 1989 al 2003 en niveles próximos al 1% del PIB de cada año.

Desde el punto de vista sectorial y empresarial: la concentración de actividades muy problemáticas sobre la cornisa cantábrica (el carbón, el acero…) explica que esta zona de España haya sufrido como ninguna otra región los costes de la apertura de los mercados. Las ayudas FEDER a las regiones más atrasadas han reducido también la divergencia regional de la renta por habitante en España.

En conclusión, es difícil imaginar una situación económica mejor a largo plazo si no hubiéramos estado integrados en la Comunidad Europea.

La Integración Monetaria

La integración comercial no conduce obligatoriamente a la integración monetaria.

El Sistema Monetario Europeo (SME)

Cuando dos o más países deciden sustituir sus monedas por una moneda común se produce un conjunto de efectos positivos y negativos. En el caso de la Unión Monetaria Europea (UME), antes de la moneda única del 2002, hubo un recorrido conjunto desde 1994 en el que se tomaron medidas para paliar esos efectos. Además, la UME venía precedida desde 1979 por una experiencia de tipos de cambio fijos, el Sistema Monetario Europeo (SME), al que España se incorporó en 1989.

El SME tenía como objetivo la estabilidad de los tipos de cambio (precio de una moneda en moneda extranjera) entre los países miembros, a partir de los siguientes instrumentos:

• Una unidad de cuenta cuyo valor era una media ponderada del conjunto de todas las monedas nacionales del sistema y que servía de referencia sobre el comportamiento agregado de los tipos de cambio de las monedas europeas con respecto al dólar, y se usaba también para la contabilidad de ingresos y pagos del presupuesto europeo (se utilizaba de forma artificial).
• Los tipos de cambio con la unidad de cuenta son más estables que los tipos de cambio entre las monedas de dos países (tipo de cambio bilateral).
• Un mecanismo de intervención de los bancos centrales nacionales (BCN) de los países miembros para mantener relativamente fijas las monedas del sistema en una banda ancha del +/- 6%. Los BCN compran/venden las divisas que se deprecian/aprecian antes de que lleguen al límite de las bandas.
• Una institución que ayuda a la intervención en el mercado de divisas (FECOM - Fondo Europeo de Cooperación Monetaria), que se crea con las aportaciones de las reservas (oro, divisas…) que los BCN ponen a disposición del FECOM para los fines de intervención que se precisen.

El SME nos enseña que un sistema como este requiere que la inflación de los países no difiera significativamente, porque de ser así, los países más inflacionarios ven disminuida su competitividad y consecuentemente aumenta el déficit por cuenta corriente y este presiona a la baja sobre la cotización de sus monedas, empujándolas fuera del espacio de las bandas del sistema monetario. Al final, hay que aceptar un menor tipo de cambio oficial (devaluación) y hay que realinear todas las demás monedas del sistema. Así sucedió en varias ocasiones (11 realineamientos) (modificaciones de los tipos de cambio entre las monedas de la UE). No obstante, la inestabilidad de los tipos de cambio volvió a aumentar entre 1992 y 1993, en los inicios del tránsito del SME a la UME. La peseta se devaluó varias veces respecto a las monedas más fuertes.

Los inconvenientes de una unión monetaria

El principal inconveniente de la UME es la pérdida de autonomía de los bancos centrales de cada país para realizar una política monetaria y de tipo de cambio autónoma. La política monetaria se instrumenta a través de los tipos de interés; la política cambiaria se instrumenta a través del uso de las reservas en divisas para comprar y vender moneda, y por tanto, a los tipos de cambio. Y estos son instrumentos básicos, junto a la política fiscal.

Cuando la inflación es muy elevada, el BCE puede elevar el tipo de interés en sus operaciones con los bancos, que estos repercuten en sus clientes, disminuyen el consumo y la producción y, por tanto, la presión inflacionista. No obstante, esta autonomía es siempre parcial, pues en muchas ocasiones los BCN ven cómo sus decisiones provocan reacciones en otros BCN que provocan efectos no deseados. Hay que recordar que el tipo de interés (i) influye también en el tipo de cambio (tc), por cuanto el tipo de interés afecta a los flujos internacionales de capitales.

En efecto, si el tipo de interés real (tipo de interés nominal - tasa de inflación) de un país A es superior al de otro B, se producirá una entrada de capitales extranjeros de B en A (comprando divisas de A y vendiendo las de B), con lo que aumentará el precio de la moneda de A en términos de la de B (esto es, precisamente el tipo de cambio de dos monedas). En el caso del SME, la historia económica reciente muestra un comportamiento asimétrico entre los países centrales (Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania, Austria, Dinamarca) y los países periféricos (Italia, España, Portugal). Esto es, respuestas distintas ante la evolución del tipo de cambio y de los tipos de interés. En el caso de la economía española, las empresas son muy sensibles al aumento del tipo de interés por su elevada dependencia del crédito bancario. Nuestra balanza comercial es muy sensible a las variaciones del tipo de cambio.

Los beneficios de la unión monetaria

Los efectos positivos de la UME son los siguientes:

• Eliminación de los costes de transacción entre divisas.
• Una mayor presencia del euro en las reservas de los BCN de los países no comunitarios que la suma de las reservas que mantenían en monedas nacionales de los países miembros.
• Mayor transparencia en la formación de precios. La información sobre los niveles de precios de un mismo producto en cada país es mucho más rápida si solo hay una moneda de cálculo, por lo que cabe esperar que se reduzcan las diferencias de precios. Aunque el cambio de monedas nacionales al euro ha tenido un efecto inflacionista.
• Disminución de los riesgos cambiarios, al reducirse el número de monedas en el mercado. Las operaciones a plazo en los mercados de divisas y los cobros/pagos diferidos en el comercio internacional introducen un factor de incertidumbre. La prima de riesgo que cada país soporta puede ser cubierta por una póliza de seguro de riesgo cambiario, elevando el coste de las transacciones internacionales.
• Un beneficio más circunstancial, en este caso aplicado a la Unión Monetaria Europea, reside en el efecto moderador de las expectativas inflacionistas. Se refiere a este cambio de cultura que, cuando las empresas no pueden acudir a devaluar o a subir los precios como mecanismo de obtención de rentas, se verán forzadas a basar sus estrategias en las mejoras de la productividad y la calidad de los bienes y servicios.

Del Sistema Monetario Europeo a la Unión Monetaria. Desde 1993 el compromiso ha sido llegar a una moneda única. Para reforzar la credibilidad del SME en su capacidad para mantener los tipos de cambio (tc) fijos hasta entonces, hubo que tomar medidas para garantizar la convergencia nominal de aquellas variables que explican gran parte de los vaivenes de los tc (precios, tipos de interés…).

La primera revisión constitucional europea fue en 1987 con el Acta Única. El segundo gran impulso de renovación lo constituyó el Tratado sobre la Unión Europea, en 1992 (conocido como el Tratado de Maastricht). Ahí, entre otras cuestiones, se aprobó un paquete de medidas para constituir la Unión Monetaria (UME), que entró en vigor en 1993, y con el que se proponía:

• La moneda común, el euro
• Un Banco Central Europeo
• Una política monetaria común

En la primera fase se trató de coordinar las políticas para la consecución del mercado común. Para paliar los necesarios ajustes se creó un Fondo de Cohesión dirigido a ayudar a financiar las infraestructuras y las políticas de conservación medioambiental de los países con un PIB por habitante inferior al 90% de la media europea, y se reforzó la financiación de los otros fondos ya existentes (FSE, FEOGA, FEDER) que reciben el nombre de Fondos Estructurales.

En la segunda fase, a partir de 1994 hasta 1997, el objetivo fue progresar en la coordinación monetaria con la creación del Instituto Monetario Europeo, cimiento del Banco Central Europeo (BCE). A partir de entonces, todos los países interesados en formar parte del grupo con moneda única trataron de establecer planes de reforma estructural y saneamiento de sus desequilibrios nominales (inflación, precios…).

La aproximación nominal parecía una tarea difícil en España, pues obligaba a ajustes duros y a un cambio radical del comportamiento de los agentes económicos, pues se partía de niveles de déficit público, tasa de inflación y tipos de interés muy alejados de los mínimos establecidos. No obstante, España llegó a 1997 con los niveles exigidos para esas variables en el Tratado de Maastricht. La aproximación ha sido posible gracias a los programas de ajuste aplicados desde 1994 y a la seguridad de los agentes sociales de que este era el mejor o el único camino; pero también se ha logrado gracias a la bonanza del ciclo y a la flexibilidad de los criterios de Maastricht. Estos criterios pretendían evitar que se llegara a la moneda única con diferencias grandes entre los países con respecto a las variables que están detrás de la política monetaria y del tipo de cambio.

La tercera fase de las previstas en Maastricht empezó en 1999, con la entrada en vigor del euro como unidad de cuenta, aunque los billetes y monedas no han empezado a circular hasta el 1 de enero del 2002, desplazando a las monedas nacionales tras un corto periodo de dos meses de circulación conjunta.

Si hacemos un balance de puntos positivos y negativos, vemos que los beneficios son mayores cuanta más aproximación nominal (en tipos de interés, tasa de inflación,…), aproximación real (en apertura externa, productividad, tasa de paro, renta per cápita,…), y grado de interdependencia hay entre los países que se integran. En el caso de España, los pros y los contras hacen difícil una evaluación rigurosa. Los que defienden el acierto de estar en el pelotón de salida se centran en la obligada disciplina antiinflacionista y presupuestaria, en la eliminación de riesgos del tipo de cambio en la peseta y en el peso político que tendrá España en el seno de la Unión Europea por esta decisión; mientras que los que defienden el retardo lo hacen basándose en el coste social de un ajuste económico tan rápido para la industria española si el euro se aprecia demasiado (como viene ocurriendo desde 2003), en la distancia que mantenemos en la aproximación real con los países centrales y el temor sobre la capacidad de nuestros empresarios para aumentar la productividad de las empresas.

La ampliación de la Unión Europea

En junio de 2004 se integraron 10 países (los PECO + Chipre y Malta). En 2007 se adhirieron Rumanía y Bulgaria, y queda como incógnita la integración de Turquía. En todo caso, las negociaciones para la integración ponen en evidencia algunas dificultades que comentamos:

1. Los PECO (países de Europa Central y Oriental) son países con una gran reserva de mano de obra muy cualificada y bajos salarios, que si bien es el componente deseado por los inversores extranjeros que allí se implantan, de cara a la futura libre circulación de personas provoca recelos en los países próximos, que temen, no solo las posibles turbulencias del mercado laboral, sino más bien la presión social de los desplazados y xenófobos que una emigración considerable pudiera traer consigo.
2. Un número mayor de socios desequilibra el actual sistema de toma de decisiones e implica, por tanto, abordar una reforma institucional compleja, tarea iniciada en la Cumbre de Niza del 2000 y que se pretende concluir con una Constitución Europea. Todavía hay algunos desacuerdos sobre el equilibrio de poderes entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento; la rotación de la presidencia; la presencia de las regiones en los órganos comunitarios…
3. La ampliación costará dinero. Se necesita un acuerdo presupuestario para redefinir la cohesión, la solidaridad y la forma concreta de financiarla. Una Europa ampliada hará, estadísticamente, ricos a algunos países o regiones que hoy están por debajo de la media comunitaria.

Superado el actual periodo financiero (2000-2006) aprobado en la Cumbre de Niza, solo Ceuta, Melilla, Extremadura y Andalucía recibirán fondos Objetivo 1; y España dejará de percibir ayuda del Fondo de Cohesión. Estas reflexiones son las mismas que se han tenido en cada ampliación de la UE: cuando Grecia, Portugal o España se integraron a la UE-9 surgieron los mismos temores en los países más avanzados, ya que incluso hay procesos de deslocalización de algunas empresas que pueden originar problemas en las regiones donde están instaladas. Pero conviene recordar que, al mismo tiempo, los países nuevos que se han integrado son también una oportunidad de negocio para otras empresas que pueden aumentar sus exportaciones. En estos momentos, el saldo es claramente negativo para los PECO; de ahí la necesidad de ayudarles, como se hizo con Grecia, España o Portugal. El crecimiento de los PECO y de la renta de sus habitantes aumentará el mercado potencial de las empresas españolas, si estas son capaces de modernizarse y especializarse en actividades de mayor investigación y desarrollo tecnológico, de menor intensidad en el uso de mano de obra y que incorporen ventajas competitivas (calidad, marca, logística, atención al cliente…), única forma de producir con salarios más elevados frente a los PECO.

El presupuesto de la Unión Europea

Los ingresos del presupuesto comunitario se componen de las siguientes partidas:

• El conjunto de derechos arancelarios de todo tipo provenientes de las operaciones de exportación e importación con terceros países. A medida que se ha ido desmantelando la protección arancelaria de la Comunidad ha ido reduciéndose el peso de los aranceles en el presupuesto.
• Un porcentaje del IVA recaudado por cada país.
• Un porcentaje del PNB de cada país, con un tipo máximo que ha ido variando a lo largo del tiempo, en función de los ingresos antes citados y de los problemas para cumplir con los compromisos de gasto de la Comunidad.
• Otros ingresos menores, más el excedente anterior.

Por el lado del gasto, los apartados que suponen mayores desembolsos son:

• Agricultura
• Los Fondos Comunitarios
• Las políticas internas, las acciones exteriores y los gastos administrativos.
• Gastos derivados de la entrada de nuevos países (“Estrategia de preadhesión”) y gastos menores.

Hay que saber que Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido eran, en 2005, los principales contribuyentes. España aparece como el principal receptor neto si consideramos la diferencia entre las participaciones en los ingresos y en los gastos. Grecia, Portugal y Polonia serían los otros grandes receptores (aunque la magnitud de la diferencia sea menor que en el caso de España, aunque debe quedar matizado que nuestro país tiene mayor población).