La Transición Española: De Carlos IV a la Independencia de América
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La Crisis de 1808: Guerra de Independencia y Comienzos de la Evolución Liberal
Carlos IV accedió al trono español en 1788, pero la Revolución Francesa de 1789 lo desbordó. En 1792, confió el poder a Manuel Godoy, decisión que generó suspicacia en los círculos nobiliarios. La alta nobleza y la iglesia rechazaban a Godoy por su origen plebeyo, sus reformas ilustradas y sus intentos de limitar el poder de la Inquisición. Fernando VII, el príncipe heredero, también lo veía como un rival, al ser el favorito de la reina María Luisa de Parma. Godoy impulsó reformas como la desamortización de la iglesia y promovió las Sociedades Económicas de Amigos del País. En política exterior, se alió con Napoleón, enfrentándose a Inglaterra en la Batalla de Trafalgar (1805) y firmando el Tratado de Fontainebleau en 1807, que permitía el paso de tropas francesas por España para atacar Portugal.
El 18 de marzo de 1808, estalló el Motín de Aranjuez, liderado por la nobleza y el clero, que buscaban la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII. Los amotinados lograron sus objetivos, evidenciando la crisis de la monarquía española. Carlos IV pidió ayuda a Napoleón para recuperar el trono. El emperador, viendo la debilidad española, decidió invadir el país. Citó a Carlos IV y a Fernando VII en Bayona, donde ambos abdicaron en favor de Napoleón, quien nombró a su hermano, José Bonaparte, rey de España. Además, convocó Cortes en Bayona para otorgar una Constitución más favorable que el régimen borbónico.
José Bonaparte intentó abolir el Antiguo Régimen: desamortizó tierras del clero, desvinculó los mayorazgos y legisló el fin del régimen señorial. El Estatuto de Bayona reconocía la igualdad ante la ley, la abolición de la Inquisición y la reforma de la Administración.
Mientras tanto, en España, el 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se alzó contra las tropas francesas al enterarse del secuestro de Fernando VII. Aunque la rebelión fue reprimida por el ejército de Murat, surgieron Juntas de Armamento y Defensa en toda la península. Se formó una Junta Central para coordinar la resistencia. Las guerrillas y los sitios fueron clave para impedir el dominio francés. Los sitios eran ciudades que resistían los asedios franceses, mientras que las guerrillas, formadas por campesinos, burgueses y sacerdotes, hostigaban al invasor en pequeños grupos.
La invasión francesa unió a diferentes corrientes ideológicas contra el enemigo común. Los afrancesados, una minoría de ilustrados y nobles, aceptaron la monarquía de José Bonaparte, creyendo que era la mejor opción para evitar excesos revolucionarios. El frente patriótico, formado por la mayoría de la población, incluía a la nobleza, el clero, los ilustrados y los liberales. Los primeros buscaban la vuelta de una monarquía tradicional, los ilustrados querían reformas dentro de la monarquía, y los liberales aspiraban a un sistema liberal-parlamentario con soberanía nacional y división de poderes. El pueblo llano deseaba el regreso de Fernando VII y la restauración del poder de la Iglesia.
Napoleón, tras una resistencia inicial en Gerona, Zaragoza y la derrota en Bailén (julio de 1808), que impidió la toma de Andalucía, llegó a España en otoño y tomó Madrid. Sin embargo, la guerra se volvió desfavorable para los franceses a partir de 1812. La campaña de Rusia y el apoyo británico a los españoles, liderados por Wellington, debilitaron a Napoleón, quien finalmente pactó el fin del conflicto.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
Al comienzo de la guerra, las Juntas provinciales y locales enviaron representantes para formar una Junta Central Suprema, que se reunió el 25 de septiembre tras la derrota de Bailén. Floridablanca y Jovellanos fueron sus miembros más ilustres. La Junta reconoció a Fernando VII como rey legítimo y se refugió en Cádiz. Incapaz de dirigir la guerra, convocó Cortes con representantes de la nación. En enero de 1810, la Junta se disolvió tras la convocatoria de las Cortes, formadas por cinco miembros.
El proceso de elección de diputados fue complejo, optándose por elegir a representantes entre los residentes de cada provincia en Cádiz, muchos de ellos simpatizantes de ideas liberales. En septiembre de 1810, se formó una cámara única que aprobó el principio de soberanía nacional: el poder reside en el pueblo y se expresa a través de las Cortes.
El 19 de marzo de 1812, se promulgó La Constitución, un texto que reflejaba un compromiso entre la burguesía liberal y los absolutistas, reconociendo los derechos de la religión católica. Se declararon los derechos del ciudadano, como la libertad de imprenta, la igualdad ante la ley, el derecho de petición, la libertad civil y el derecho de propiedad. Los poderes fueron divididos: el legislativo elaboraba leyes y controlaba el ejército y los presupuestos, con diputados elegidos por dos años; el ejecutivo, encabezado por el monarca, dirigía el gobierno y participaba en la elaboración de leyes bajo el control de las Cortes; y la Administración de Justicia, a cargo de los tribunales, con principios de un Estado de derecho como códigos únicos en materia civil, comercial y criminal, inamovilidad de los jueces y garantías procesales.
La Constitución reorganizaba la administración provincial y local, creaba un ejército nacional, establecía el servicio militar obligatorio e implantaba una enseñanza primaria pública y obligatoria. Consagraba la igualdad jurídica, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de imprenta para los libros no religiosos.
La Constitución de 1812, inspirada en la francesa de 1791, era más avanzada, aceptando el sufragio universal y garantizando amplios derechos. Fue elaborada en un contexto de guerra, con la esperanza de un marco legislativo más avanzado.
La Constitución de Cádiz sirvió de ejemplo para otras constituciones europeas y americanas. Decretaba la supresión de los señoríos, la libertad de trabajo, la anulación de los gremios, la abolición de la Inquisición y el inicio de la desamortización y la reforma agraria, iniciando un régimen liberal. Sin embargo, la guerra impidió su aplicación, y con la vuelta de Fernando VII, la experiencia liberal se frustró.
Fernando VII: Absolutismo, Liberalismo y la Emancipación de América
Los liberales dudaban de la voluntad de Fernando VII de aceptar la Constitución de 1812, por lo que organizaron su regreso a Madrid para que jurara la Constitución. Sin embargo, los absolutistas, la nobleza y el clero vieron la oportunidad de restaurar el Antiguo Régimen y le mostraron su apoyo en el Manifiesto de los Persas. Fernando VII, al llegar a Madrid el 4 de mayo de 1814, dio un golpe de Estado, declarando nula la Constitución y restaurando el absolutismo. Los líderes liberales tuvieron que exiliarse.
Se restableció el orden señorial y la Inquisición. La situación internacional era favorable al absolutismo, con Napoleón derrotado, el Congreso de Viena restaurando el viejo orden y la Santa Alianza garantizando la defensa del absolutismo. Fernando VII gobernó un país devastado por la guerra, con la agricultura arruinada, el comercio paralizado, las finanzas en bancarrota y las colonias en lucha por su independencia. Sus gobiernos fracasaron sucesivamente.
La oposición, formada por la burguesía liberal, una parte del campesinado que se negaba a pagar rentas y el ejército partidario de las reformas, fue reprimida. Hubo levantamientos militares liberales, como los de Mina, Lacy, Porlier y Vidal, y amotinamientos campesinos, que fracasaron entre 1814 y 1820.
El 1 de enero de 1820, los coroneles Riego y Quiroga se sublevaron en Cabeza de San Juan, proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército y la neutralidad de los campesinos obligaron a Fernando VII a convertirse en monarca constitucional el 10 de marzo de 1820, dando inicio al Trienio Liberal (1820-1823). Se restauraron muchas de las reformas de Cádiz, se abolió el feudalismo en el campo, se liberalizó la industria y el comercio y se eliminaron las trabas a la libre circulación de mercancías, favoreciendo a la burguesía comercial e industrial.
Se creó la Milicia Nacional, un cuerpo de clases medias urbanas para garantizar el orden y las reformas. Estas reformas encontraron la oposición de la monarquía. Fernando VII paralizó leyes recurriendo al derecho de veto y conspiró con las potencias absolutistas para restaurar el absolutismo. El campesinado, que no vio satisfechas sus aspiraciones, se opuso al nuevo régimen, ya que se convertían en arrendatarios que podían ser expulsados y debían pagar en metálico. La nobleza y la Iglesia, perjudicadas por la suspensión del diezmo y la venta de bienes monacales, animaron la revuelta.
En 1822, se alzaron partidas absolutistas que llegaron a dominar amplias zonas, estableciendo una regencia absolutista. Los liberales se dividieron en moderados, partidarios de reformas prudentes, y exaltados, que querían acelerar las reformas.
El Trienio Liberal terminó con la intervención de la Santa Alianza en abril de 1823. Los Cien Mil Hijos de San Luis, con apoyo de tropas españolas, repusieron a Fernando VII como monarca absoluto, dando inicio a la Década Ominosa (1823-1833). Los liberales fueron perseguidos y muchos se exiliaron. Se depuró la Administración y el ejército. El principal problema del nuevo gobierno fue la economía, agravada por la pérdida de las colonias americanas.
A partir de 1825, el rey colaboró con los sectores moderados de la burguesía financiera e industrial, lo que fue mal visto por la nobleza y el clero, que se agruparon alrededor de don Carlos María Isidro. En Cataluña, en 1827, se levantaron partidas realistas que reclamaban mayor poder para los ultraconservadores.
En 1830, el nacimiento de Isabel, hija del rey, provocó un conflicto sucesorio. La Ley Sálica impedía el acceso al trono de las mujeres, pero Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, derogando la Ley Sálica y permitiendo el acceso de su hija al trono. Los carlistas, partidarios de don Carlos, se negaron a aceptar la nueva situación. Se formaron dos bandos: los carlistas, defensores del tradicionalismo, y los liberales, que apoyaban a Isabel, ya que su madre, María Cristina, buscó el apoyo de los reformistas. En 1833, Fernando VII murió, dejando a Isabel como heredera y a María Cristina como regente. Don Carlos se proclamó rey, iniciándose la Primera Guerra Carlista.
La Emancipación de la América Española
El crecimiento económico en América propició el desarrollo de una burguesía criolla que, influenciada por las ideas ilustradas, comenzó a gestar ideas de emancipación. El trato discriminatorio a los criollos, los altos impuestos y el control sobre la economía y el comercio por parte de España alimentaron el descontento. Gran Bretaña apoyó los movimientos independentistas, esperando dominar el territorio americano.
Durante el reinado de José Bonaparte, se crearon Juntas en América, similares a las de la Península, que asumieron el poder en sus territorios. En 1810, se declararon autónomas. José de San Martín proclamó la independencia de la República Argentina en el virreinato de La Plata, y Simón Bolívar lideró la independencia en el virreinato de Nueva Granada y Venezuela. Las Cortes de Cádiz no pudieron frenar el movimiento independentista. En 1814, Fernando VII envió tropas, pero no pudo impedir la independencia de Argentina (1811) y Paraguay (1816). San Martín favoreció la independencia de Chile (1818), y Bolívar sentó las bases de la Gran Colombia. México se independizó en 1822, y tras la derrota de Ayacucho (1824), Perú y Bolivia se independizaron, terminando con la presencia española en la América continental.
La emancipación no solucionó los problemas de la América hispana. Los sueños de Bolívar de una América unida no se cumplieron debido a las ambiciones de los caudillos locales, la burguesía comercial y los grandes terratenientes, lo que llevó a guerras y a la fragmentación en múltiples repúblicas. Los criollos olvidaron a la gran población americana, generando convulsiones sociales. La independencia política no trajo la independencia económica, ya que el dominio español fue sustituido por el de Gran Bretaña y Estados Unidos. Gran Bretaña dominó el comercio sudamericano, y Estados Unidos formuló la Doctrina Monroe en 1823, declarando América como su"territorio preferent".