La Segunda República Española: Constitución, Reformas y Desafíos

La Segunda República Española (Parte 2)

Se reconoció el derecho a la propiedad privada, aunque se estableció que esta podría ser expropiada forzosamente. Se abrió la posibilidad de nacionalización de ciertos sectores de la economía. Se estableció una división entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial. La jefatura del estado se atribuyó al presidente de la República. Este elegía al presidente del gobierno y promulgaba las leyes. La justicia se basaba en la autonomía y la independencia de los jueces y tribunales. Se introdujo la institución del jurado y un tribunal de garantías constitucionales. El debate más importante fue el de la separación del estado con la iglesia. La constitución declaró la libertad de cultos y eliminó la financiación estatal de la Iglesia.

La constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 no tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas. La derecha la rechazó, y los ponentes y los críticos hicieron esfuerzos para alcanzar un texto constitucional que abarcara todas las sensibilidades políticas del país. Se declaró a Alfonso XIII el principal culpable del golpe de estado que instauró la dictadura de Primo de Rivera, se le quitaron todos sus bienes, derechos y títulos y se le desterró del país.

Fue elegido presidente de la República Alcalá Zamora con el apoyo de la coalición republicano-socialista, y se acordó no disolver las Cortes hasta que se aprobasen unas leyes fundamentales. Alcalá Zamora encargó a Azaña que formara gobierno con la intención de que siguieran todos los sectores representados en el gobierno provisional. Sin embargo, la amplia coalición no se mantuvo.

Reformas y Conflictos del Primer Bienio

La instauración de la República coincidió con la crisis mundial de 1929-1933, aunque en España tuvo menor influencia. El sector más afectado fue el comercio exterior. La evolución negativa de la economía dificultó la realización de las reformas e intensificó la conflictividad social. El primer bienio republicano se caracterizó por la puesta en marcha de una política de reformas. El gobierno desarrolló una serie de leyes según los principios seculares sobre la iglesia, lo que hizo que esta se volviese aún más beligerante contra la República. Las bases de la reforma educativa eran hacer una educación gratuita y laica un derecho universal. Se pretendieron construir 27.000 escuelas y dotarlas de maestros formados, pero este plan no se llegó a cumplir. Largo Caballero prosiguió la política social y laboral con unas leyes que fueron aprobadas por las Cortes entre 1931 y 1932 (ley de contratos de trabajo, ley de jurados mixtos y ley de asociaciones obreras). Se intentó resolver el problema de la organización territorial mediante el reconocimiento de autonomías. El problema agrario en España mostraba una doble vertiente: gran parte de la agricultura presentaba rasgos arcaicos, y esta situación se vio agravada por la gran crisis económica internacional. Esta reforma se convirtió en un asunto de primer orden.