17. La primera guerra carlista: Causas y desarrollo. Consecuencias para Navarra.

Durante la primera mitad del Siglo XIX, el territorio navarro dejó de ser un reino y pasó a ser una provincia española más.

A la muerte de Fernando VII en 1833 dejó como heredera a su hija, Isabel II, y como regente durante su minoría de edad, a su esposa María Cristina de Borbón. Las expectativas del hermano del rey, Carlos María Isidro, quedaron frustradas y el pleito dinástico dejó paso a una guerra declarada.

En Navarra, la situación generó una especial confusión. Buena parte de la población rural, azuzada por el clero, apoyó al infante don Carlos en sus aspiraciones al trono, mientras que las principales instituciones, la Diputación y el Ayuntamiento de Pamplona, proclamaron reina a Isabel II. (I de Navarra).

Pero la guerra no obedecíó sólo a cuestiones dinásticas. El liberalismo supónía un ataque frontal a las instituciones forales. Esas difusas motivaciones forales y religiosas, unidas a una profunda contestación del ideario liberal, además del pleito dinástico, completan las razones del conflicto.

Aunque la guerra afectó básicamente al País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo Aragónés, fue en las dos primeras regiones donde tuvo su epicentro.

La primera etapa de la Guerra, que se desarrolló entre 1833 y 1837, fue favorable al bando carlista y se caracterizó por la conjunción de los siguientes elementos: presencia del pretendiente sobre el terreno que establecíó su corte en Estella: lucha de guerrillas; liderazgo indiscutible de Tomás de Zumalacárregui, que levantó un verdadero ejército; conquista de ciudades como Estella y Vergara e intento de conquista de Bilbao, donde morirá Zumalacárregui a consecuencia de una bala perdida.

La división del bando carlista supuso el punto de inflexión del conflicto.

La segunda etapa, entre 1837 y 1839, se caracterizó por el declive de las fuerzas carlistas. Una expedición real, comandada por el pretendiente, salíó de Estella en Mayo de 1837, se presentó a las puertas de Madrid, pero tras el fracaso de las negociaciones con María Cristina, la expedición volvíó a Navarra, con la sensación de que la victoria militar era prácticamente imposible.

El nombramiento de Maroto como nuevo general en jefe del ejército, supuso la ruptura de la unidad en el seno del bando carlista y el inicio de las conversaciones de paz para llegar a una salida negociada del conflicto. El 31 de Agosto se firmó el Convenio de Vergara, un documento asentado en tres principios: el reconocimiento de los grados de jefes y oficiales carlistas, la entrega inmediata de armas, y una vaga promesa de concesión y modificación de los fueros.

Las Cortes Generales aprobaron en Octubre de ese mismo año la Ley de 25 de Octubre de 1839 de Confirmación y Modificación de los Fueros de Navarra, una propuesta vaga y ambigua donde se confirmaban los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía y a su vez, prometía una modificación de los fueros compatible con la Constitución (1837) y el interés nacional.

En el marco de esta ley, José Yanguas y Miranda, secretario de la Diputación desde 1837, dirigíó las negociaciones con el Estado que desembocaron en la Ley de Fueros de Navarra, aprobada el 16 de Agosto de 1841.

Esta ley transformaba el reino de Navarra en una provincia más y hacía desaparecer la mayor parte de las instituciones propias (virrey, Consejo Real, Cámara de Comptos, Cortes o aduanas con Castilla y Aragón). Además el sistema judicial, político y militar se ajustó al del conjunto de España. Sin embargo, la ley garantizaba también la singularidad Navarra en determinados aspectos: vigencia del derecho civil navarro, control de los ayuntamientos por la Diputación y conservación y recaudación de los principales impuestos. A cambio, Navarra debía entregar una cantidad anual (el cupo
) para sufragar los gastos del Estado.

Sin embargo, esta ley, no tendrá la misma interpretación para todos, ya que desde la perspectiva carlista, supuso un contrafuero al no haber sido aprobada por las Cortes navarras, reclamando una y otra vez la reintegración del Régimen Foral. Los liberales moderados sin embargo, la considerarán fruto de un pacto o acuerdo entre Navarra y el Estado (Pacto),  por lo que una futura modificación de sus términos, tendría que pasar por una nueva negociación. Pero los liberales que gobernaban la nacíón, tendrán una interpretación muy diferente, ya que la consideraron una ley orgánica más, como otras tantas que se aprueban, por lo que no estaría sujeta a futuras negociaciones. Esta última visión creará numerosas tensiones durante el XIX, cuando el Estado trate de aumentar el cupo de manera unilateral (Gamazada, 1893).

19. Etapas del reinado de Isabel II.

El reinado de Isabel II es un período muy complejo en el que se produjeron importantes transformaciones en el ámbito político, social y económico. El Antiguo Régimen fue definitivamente desmantelado, permitiendo el desarrollo de un estado burgués parlamentario, dirigido por una nueva clase social, la burguésía agraria, fruto de la alianza entre la antigua aristocracia y la burguésía. Se pusieron las bases del sistema económico capitalista moderno y se produjo el paso de la sociedad estamental a la sociedad de clases. Fue en esta época cuando surgíó el movimiento obrero, que aunque lento al principio, terminaría irrumpiendo con fuerza a finales del reinado de Isabel II.

Durante la minoría de edad e Isabel II (1833-43), ejercieron la regencia su madre, Mª Cristina y el general Baldomero Espartero. En este período, el problema sucesorio generó una Guerra Civil, la Guerra Carlista (1833-1840), en la que se enfrentaron los liberales partidarios de Isabel II , y los absolutistas, defensores de don Carlos, tío de Isabel II. Derrotados los carlistas, se implantó en España un sistema político liberal. Al iniciar su regencia, La reina Mª Cristina impulsó la formación de un gobierno liberal. Primero intentó hacerlo  con los liberales más moderados, partidarios de unas reformas limitadas (Estatuto Real, división provincial,…).Sin embargo, una serie de levantamientos militares (La Granja, 1836) y motines populares, forzaron a la regente a entregar el poder a los progresistas.

Entre 1835 y 1837, los progresistas encabezados por Mendizábal, implantaron el liberalismo político y económico.

La construcción de un régimen liberal se inició con la constitución de 1837, que recogía principios progresistas (soberanía nacional, división de poderes, la no confesionalidad del estado,…) y moderados (sistema electoral censitario, parlamento bicameral, concesión de poderes a la corona como el derecho de veto o la disolución de las Cortes)

A nivel económico se establecíó un conjunto de leyes: la disolución de un régimen señorial, la desvinculación de la propiedad y la desamortización de los bienes de la Iglesia (Mendizábal) con la que se liberalizó la propiedad agraria. Asimismo se suprimíó el diezmo eclesiástico y se eliminaron los privilegios de la Mesta. Estas medidas  junto a la abolición de las aduanas interiores, la extensión de los gremios y la implantación de la libertad de industria y comercio, abrieron el camino hacia una economía capitalista y de libre mercado.

En 1837, los liberales accedieron al gobierno e intentaron dar un giro conservador a la revolución liberal. El apoyo de María Cristina a la política moderada suscitó un movimiento de oposición progresista contra la Regente, que se vio obligada a dimitir en 1840.

El progresista general Espartero, que gozaba de gran prestigio por su actuación en las guerras carlistas, fue nombrado regente.

Sin embargo, la promulgación de medidas librecambistas que perjudicaban a la naciente industria española, y el personalismo con el que gobernó, le valieron la oposición de su propio partido y de buena parte del país.

En 1843, un  nuevo pronunciamiento moderado obligo a Espartero a dimitir y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, proclamándole reina.

El reinado de Isabel II (1843-1868) se caracterizó por la inestabilidad política, debido al enfrentamiento entre los partidos liberales. Los principales fueron el moderado (destaca, Narváez), que agrupó a la alta burguésía y algunos sectores de las clases medias; y el progresista (Espartero, Prim), donde se integraron las clases medias y las artesanas de las ciudades. Al llegar al poder, cada uno intentó imponer sus ideas, redactando una constitución a su medida. Fue un período caracterizado por la intromisión de la Corona en la vida política  (a favor de los moderados), por el camarillismo en la Corte, donde aristócratas, militares y clérigos, pugnaban por recibir los favores de la Reina, la injerencia política del ejército y el falseamiento electoral que debilitó la estabilidad del parlamentarismo.

En el reinado de Isabel II se distinguen tres grandes períodos:

1. LA DÉCADA MODERADA (1844-1854). Se rigió por la constitución moderada de 1845. En esta etapa se consolidó el sistema político liberal que adoptó un carácter conservador y centralista. Sólo el País Vasco y Navarra conservaron sus antiguos derechos forales ,  ante el temor del carlismo. Se firmó un Concordato con la Santa Sede (1851), por el que se comprometía al mantenimiento del culto y del clero y frenaba el proceso desamortizador. También se creó la guardia civil (1844) para mantener la ley en el medio rural,…

2. EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856). Iniciado con el pronunciamiento militar en Vicálvaro (liderado por O´Donnell, en él se redactó la Constitución de 1856, que no llegó a publicarse. Se aplicaron una serie de reformas económicas, entre las que destacaron una nueva desamortización promulgada por Madoz, que afectó a los bienes de los Ayuntamientos (bienes propios y bienes comunales), y una Ley de Ferrocarriles, que impulsó la construcción de la red ferroviaria en España.

3. EL DESMORONAMIENTO DE LA MONARQUÍA ISABELINA (1856-1868).En estos años se produjo la alternancia en el poder de los liberales moderados y de la Uníón Liberal, un nuevo partido de centro. En estos años se impulsó una política exterior colonialista (Marruecos, Indochina y México) , mientras que en política interior, la actuación del gobierno fue muy autoritaria, prescindiendo de las Cortes y de los partidos políticos y ejerciendo una fuerte represión.

La oposición al Régimen fue en  aumento y surgieron nuevos partidos, como los demócratas, defensores del sufragio universal masculino, y los republicanos, que querían abolir la monarquía.

La situación del gobierno empeoró a partir de 1866, cuando una crisis económica provocó el descontento popular. Ese mismo año, los demócratas y los liberales progresistas y de centro firmaron el Pacto de Ostende  (Bélgica). En él, se acordó derrocar a la reina y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino para decidir el régimen político. Poco después, triunfaba la Revolución de 1868, lo que provocó el exilio de la reina.

20. Las desamortizaciones.

      Las desamortizaciones son una serie de medidas incluidas principalmente en la reforma agraria liberal llevada cabo durante el reinado de Isabel II a partir  de la subida al poder de los progresistas. Las más importantes comenzaron en 1837, y su objetivo era la disolución del Antiguo Régimen en el campo y la introducción de formas de propiedad y producción capitalistas. Pretendían poner la tierra en manos de propietarios únicos e individuales, que fueran totalmente dueños de sus propiedades con plena libertad para comprar, vender, arrendar y cultivar las tierras.

Se consideraba que el nuevo propietario, sin las trabas de la propiedad feudal, podría introducir formas modernas de cultivo para obtener una mayor productividad de sus fincas. Esta producción debería estar destinada a la comercialización en un mercado lo más amplio posible. En relación con todo ello se dictaron leyes que establecían la supresión de los señoríos, la desvinculación de los mayorazgos y la desamortización eclesiástica (Mendizábal, 1836)  y civil (Madoz, 1855).

 Estas desamortizaciones consistieron en la venta de bienes amortizados, es decir vinculados a determinadas instituciones como la nobleza, el clero o los municipios, que hasta entonces no podían venderse. El estado confiscó y subastó los bienes desamortizados. Los objetivos perseguidos eran obtener recursos para el Estado (Guerra Carlista, construcción del ferrocarril) y facilitar el acceso del campesinado a la propiedad de la tierra. Pero el sistema de venta por subasta benefició a los grupos adinerados (nobleza y burguésía), quienes con una mentalidad rentista, no mejoraron las explotaciones para hacerlas más productivas, sino que vivían de las elevadas rentas que cobraban a los arrendatarios o de los bajos salarios que pagaban a los jornaleros.

De la misma manera, perjudicó a los pequeños propietarios, que no pudieron comprar tierras y se arruinaron tras la venta de las tierras de los ayuntamientos con las que complementaban sus ingresos. También resultaron perjudicados los arrendatarios y los jornaleros, al endurecer los nuevos propietarios  sus condiciones de trabajo.

La permanencia en el campo de la mano de obra barata y de grandes latifundios en la mitad sur peninsular,  no estimuló la mecanización ni el aumento de la productividad. El resultado fue el mantenimiento de unos bajos rendimientos agrícolas y la pobreza de la mayor parte de la población agraria, lo que supuso un escaso estímulo al avance de la industrialización.

La desamortización de Pascual Madoz, 1855, tuvo escasa incidencia en Navarra porque la Diputación tenía competencias (Ley de Modificación de Fueros de Navarra de 1841) en el control de los bienes de los ayuntamientos y no generalizó estos permisos (no obstante se vendieron algunas corralizas de los ayuntamientos). De esta forma muchas de las propiedades comunales, sobre todo en el norte, ni siquiera se vendieron, y en otros casos sólo salieron a subasta aquellas que fueron propuestas por los propios ayuntamientos. La mayor parte se produjeron en la Zona Media y la Ribera, a menudo por la presión, de los hacendados locales que habían hecho préstamos a los ayuntamientos o los controlaban. Se pusieron en venta muchas zonas de pasto llamadas corralizas. Sus compradores se llamaron corraliceros. En estos casos, las repercusiones fueron muy graves, ya que la mayoría de los vecinos se quedó sin pastos para el ganado, que hasta entonces usaba las tierras comunales. Los conflictos de las corralizas serán muy importantes desde fines del Siglo XIX y las primeras décadas del XX en lugares como Olite, Tafalla o Miranda de Arga.