Políticas Sociales y Reducción de la Pobreza en Chile: Éxitos, Desafíos y Debates

Políticas Sociales y Reducción de la Pobreza en Chile: Éxitos, Desafíos y Debates

La Reducción de la Pobreza como Prioridad

Para los gobiernos de la Concertación, el crecimiento económico estaba intrínsecamente ligado al desafío central de reducir la pobreza. Según el economista Patricio Meller, durante la década de 1990, la disminución de la pobreza se debió en un 60% al incremento del Producto Interno Bruto (PIB). Se consideraba que el Estado debía implementar políticas sociales dirigidas a la población que quedaba al margen de los beneficios del mercado. El gasto público en este sector experimentó un crecimiento, ampliándose significativamente la oferta de programas sociales, como por ejemplo, Servicio País y Chile Solidario. En 1990, se creó un nuevo ministerio para el área: el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan), que, tras algunas modificaciones, se transformó en el Ministerio de Desarrollo Social en 2011.

Influencia de Organismos Internacionales y el Plan AUGE

En general, las políticas sociales han estado influidas por las propuestas de organismos de crédito internacional, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han recomendado la focalización de los programas en grupos específicos, con el objetivo de optimizar los recursos. Gracias a la aceptación de estas recomendaciones, dichas instituciones han inyectado sumas cuantiosas de dinero para financiar los proyectos. El gobierno de Michelle Bachelet inició la ejecución del Plan de Acceso Universal y Garantías Explícitas de Salud (AUGE), con miras a generar plataformas de resguardo social universal, amparadas en un enfoque de derechos.

Resultados: Disminución de la Pobreza

La conjunción entre crecimiento económico y políticas sociales provocó una disminución sostenida en los niveles de pobreza en Chile.

Desafíos Persistentes y Debates en torno a la Pobreza

Deudas Pendientes y Problemas Estructurales

Erradicar totalmente la pobreza no se ha conseguido. Las mujeres, especialmente las jefas de hogar, los grupos étnicos, los niños menores de cinco años y los habitantes de determinadas regiones y comunas superan el promedio nacional de la línea de pobreza y extrema pobreza, lo que ha agudizado el problema. Por otro lado, las políticas sociales no han sido articuladas en un gran programa nacional para superar la brecha social, y muchas no han tenido proyección en el tiempo. En 1995, se instauró el Programa Nacional de Superación de la Pobreza, cuyos objetivos fueron la coordinación interministerial de los programas focalizados de combate contra la pobreza y la implementación de un Programa Especial de Comunas. Sin embargo, el programa fracasó al año siguiente debido al recambio de autoridades y a la insuficiente inyección de recursos.

Divergencias Conceptuales y Críticas a la Medición

No se ha podido determinar de manera común qué se entiende por pobreza y, en consecuencia, no existe consenso en torno a la manera de enfrentarla. Un ejemplo claro es que en 1996 se formó un Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, el cual presentó el informe La pobreza en Chile: un desafío de equidad e integración social. Este informe no fue aceptado por el gobierno, principalmente porque planteaba una definición no económica de la pobreza, al relevar sus dimensiones cualitativas.

En 2006, Felipe Larraín criticó el mecanismo de cálculo de la canasta básica familiar sobre la que se definía el umbral de pobreza. Según sus estimaciones, el 29% de las personas vivían en situación de pobreza, más del doble de lo que arrojaban las cifras oficiales. En 2012, se produjo una polémica entre exministros y ministros del área social en torno a la interpretación de los resultados de los indicadores usados para medir la pobreza, lo que puso en tela de juicio la fiabilidad de la Ficha de Protección Social (FPS).

Cuestionamientos a los Umbrales de Pobreza

Incluso, considerando la conceptualización oficial, han surgido severos cuestionamientos. Para las zonas urbanas, en 2011, un hogar dejaba de ser considerado pobre si alcanzaba a percibir $72.098 mensuales por persona, lo que incluía el ingreso autónomo del hogar y todas las transferencias que el Estado le otorgaba.