Mujeres con Discapacidad: Discriminación, Derechos y Acceso al Empleo

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Mujeres con Discapacidad: Discriminación, Derechos y Acceso al Empleo

No tenemos por qué estar enfermos si sentimos de otra forma o interpretamos el mundo de manera diferente. Podemos ser felices, amar y ser amados, aportar a la sociedad, tomar iniciativas y ser útiles. Sin embargo, las mujeres y niñas con discapacidad han estado invisibles tanto en los estudios de género como en las investigaciones sobre discapacidad, sufriendo lo que se conoce como doble discriminación.

Es importante destacar que, aunque el grupo más relevante de mujeres con discapacidad es el de mujeres mayores, las niñas también forman parte de este colectivo. Esta doble discriminación añade barreras que dificultan el ejercicio de sus derechos, la plena participación social y la consecución de objetivos vitales.

Modelos de Discapacidad: Médico vs. Social

El interés de investigar género y discapacidad conjuntamente es evidente, ya que nos permite conocer la realidad de este gran colectivo de mujeres. Tradicionalmente, el modelo médico veía la discapacidad como un defecto inherente a la persona, causado por enfermedad o trauma, y como una desviación de la norma. Este modelo se centraba en la cura, prevención o adaptación de la persona, con la rehabilitación médica y las políticas de salud como principales respuestas.

Por otro lado, el modelo social de discapacidad considera que la discapacidad es un problema socialmente creado, que se centra en la plena integración de las personas en la sociedad. La discapacidad no es un atributo de la persona, sino una colección de condiciones creadas por el ambiente, especialmente el social. Este modelo exige la acción social y la responsabilidad colectiva para realizar las modificaciones ambientales necesarias para la plena participación de las personas con discapacidad.

Existe un modelo que complementa a los dos anteriores: el modelo universal. Este modelo no excluye ni el modelo médico ni el social, sino que los complementa. No diferencia a una parte de la población, sino que parte de la premisa de que la discapacidad es una característica intrínseca del ser humano. Adopta una perspectiva positiva de la identidad de la persona, reconociendo que todo ser humano es incapaz ante las múltiples y cambiantes demandas del entorno.

La Perspectiva Feminista en la Discapacidad

Al analizar la discapacidad desde la perspectiva de género, se observa que los estudios adoptan principalmente los postulados de las teorías feministas.

  • Jo Campling (1979, 1981): Pionera en relacionar género y discapacidad, ubicando la discapacidad en un contexto social y dando voz a las propias mujeres con discapacidad.
  • Michelle Fine y Adrianne Asch (1988): Atribuyen la exclusión social de la mujer con discapacidad a los valores masculinos dominantes en las sociedades capitalistas. Estas autoras consideran que la mujer con discapacidad experimenta un sentimiento de inferioridad en relación con sus grupos minoritarios de referencia, a saber, los hombres con discapacidades.
  • Susan Lonsdale (1990): Adopta el modelo social de la discapacidad y presenta un estudio sobre la experiencia de la discapacidad física para las mujeres, incluyendo aspectos de integración laboral y dependencia económica.
  • Jenny Morris (1996): Presenta la experiencia de la discapacidad desde la perspectiva feminista, considerando las barreras psicosociales como la causa fundamental de la exclusión social de las mujeres con discapacidad.
  • Asunción Moya Maya (2004): Refleja la necesidad de estas personas de ser escuchadas y la urgencia de encontrar respuestas que les ayuden a desarrollar una vida normalizada.

En el caso de las mujeres sordas, se constata que su participación en la vida pública es escasa, tanto en áreas educativas como laborales. Existe una clara situación de discriminación y relegación a un segundo plano, aunque el grado de conciencia al respecto difiere.

Publicaciones Institucionales y Marco Legal

Destaca el Libro verde: mujer y discapacidad: propuesta para una década, que señala la baja tasa de finalización de estudios secundarios y superiores entre mujeres con discapacidad (12%) en comparación con los hombres con discapacidad (21%). También denuncia la baja tasa de actividad laboral de estas mujeres (23,59%) frente a la de los hombres con discapacidad (más del 40%).

Se pueden encontrar publicaciones de interés en:

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU en 2006, representa un avance histórico para situar la discapacidad en el plano de los derechos humanos. En el caso de las mujeres con diversidad funcional, la defensa de estos derechos adquiere una dimensión de género que las convierte en un colectivo especialmente vulnerable.

El concepto de mujeres y niñas con discapacidad incluye a mujeres con cualquier clase de discapacidad, ya sea física, sensorial (auditiva o visual) o mental, visible o no. También incluye a niñas y mujeres con discapacidad de cualquier edad, residentes en áreas rurales o urbanas, sin importar la gravedad de su discapacidad, sus preferencias sexuales o su entorno cultural.

El artículo 6 de la Convención reconoce la múltiple discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y la obligación de adoptar medidas para garantizar el disfrute pleno y en igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Iniciativas y Planes de Acción

El primer Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad de 2007 tiene como objetivo remover los obstáculos que ocasionan un fuerte déficit de ciudadanía a las mujeres con discapacidad. El Plan se refiere a todo el ciclo vital de las mujeres con discapacidad y contempla toda su diversidad.

En España, la Comisión de la Mujer del CERMI es un referente en la intermediación e información de y para las mujeres con discapacidad. También existen iniciativas autonómicas como la Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos (CAMF) y la Asociación para la Promoción de la Mujer con Discapacidad LUNA.

Otro ejemplo es el Proyecto para el fomento de la igualdad de la mujer con discapacidad ASEM en la Comunidad Valenciana, que busca adquirir habilidades sociales, fomentar la participación de las mujeres con discapacidad y potenciar la calidad del sistema educativo.

En la Comunidad de Madrid, el área de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-COCEMFE Madrid) tiene entre sus objetivos conocer las necesidades de las mujeres con discapacidad, transformar su imagen y reivindicar sus derechos ante las administraciones públicas.

A nivel europeo, la European Network of Women with Disabilities (DISWEB) ha permanecido activa en la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad.

Indicadores de Exclusión Social

Los indicadores para medir la exclusión social a nivel europeo se centran en variables que miden la cantidad monetaria necesaria para estar fuera del nivel de pobreza. Sin embargo, al indagar en los problemas específicos de las mujeres con discapacidad, se puede enriquecer la definición de exclusión social más allá de la renta.

Una experiencia común a todas las mujeres con discapacidad es la doble discriminación, basada en la discapacidad y el género.

Educación y Empleo

Según la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDEES-1999), el 74,79% de las mujeres con discapacidad carece de estudios o tiene estudios primarios. La tasa de actividad de las mujeres con discapacidad (21,7%) es menor a la de las mujeres en general (44%) y a la de los hombres con discapacidad (34%) (EPA 2005). La tasa de paro de las mujeres con discapacidad (19,70%) es superior a la de las mujeres sin discapacidad (16,20%) y a la de los hombres con discapacidad (12,80%) (INE 2003).

Existen muchos informes acerca de las dificultades de inserción laboral de la mujer, pero estos factores se multiplican cuando se añade la condición de mujer con discapacidad. Entre los factores intrínsecos se encuentran la autopercepción negativa, la actitud pasiva, el desconocimiento del mercado laboral y las carencias formativas. Entre los factores extrínsecos se encuentran las trabas familiares, la sobreprotección y las dificultades de conciliación.

El artículo “La discriminación laboral de las mujeres discapacitadas en España” (2003) utiliza la EDDES-1999 para analizar la dificultad de acceso al mundo laboral de las mujeres con discapacidad. Se destaca que los discapacitados en edad de trabajar están empleados en buena proporción en la economía sumergida, afectando en mayor medida a las mujeres. El paro encubierto, como el de las amas de casa, es otro factor que incide en el empleo de las mujeres con discapacidad.

Las medidas a establecer pasan por el control del cumplimiento de las cuotas de reserva y el establecimiento de nuevas medidas que faciliten el pleno acceso al empleo.

El estudio de COCEMFE-ASTURIAS (2006) evidencia el perfil de la mujer con discapacidad que quiere acceder al mercado laboral en Gijón: tiene una discapacidad física/orgánica o pluridiscapacidad en un porcentaje del 33 al 64%.

En España, según el IMSERSO, el porcentaje de mujeres con discapacidades cuyo nivel cultural representa un factor social de su minusvalía es del 63,6%, frente a un 36,4% en los hombres (Observatorio de la discapacidad, 2000).

Las personas con minusvalías sufren una tasa de desempleo dos o tres veces superior a la media y la duración de su desempleo es más larga (209).

Las viudas representan el 39% del total de mujeres con discapacidad, frente al 9% de los hombres con discapacidad viudos (EDDES). Muchas mujeres con discapacidad se encuentran en el umbral de la pobreza, mostrando el fenómeno de la feminización de la pobreza en España. El 73,46% de los perceptores de pensiones no contributivas son mujeres (IMSERSO 2004).

Violencia de Género y Mujeres con Discapacidad

A pesar de las múltiples iniciativas, los datos reales que ponen de manifiesto la magnitud de la violencia de género en mujeres con discapacidad son escasos. La investigación en este campo es dispersa y con frecuencia carente de rigor científico (Verdugo, Bermejo y Fuertes, 1993). Los temas tratados se han centrado en los factores que aumentan la vulnerabilidad al maltrato, las consecuencias del mismo, las características de los perpetradores de abusos sexuales y los ámbitos en que aumenta el riesgo.

Un estudio ha demostrado que una gran mayoría de las personas con discapacidad tiene que afrontar dificultades graves o muy graves (77,5%) para satisfacer sus necesidades básicas. En muchos casos, los familiares tienen que dejar sus trabajos para dedicarse al cuidado de la persona con discapacidad, reduciendo sus ingresos.

Los factores que hacen que las mujeres con discapacidad sean más vulnerables a la violencia son:

  • Menor capacidad de defensa física.
  • Dificultades para expresar los malos tratos.
  • Dificultad de acceso a puntos de información y asesoramiento.
  • Baja autoestima y menosprecio de la propia imagen.
  • Mayor dependencia de la asistencia y cuidados de otros.
  • Miedo a denunciar el abuso.
  • Menor credibilidad a la hora de denunciar.
  • Entornos que favorecen la violencia.

Las mujeres que sufren asaltos más severos y frecuentes son aquellas que tienen una multideficiencia, problemas de desarrollo mental, de comunicación y aquellas que adquirieron su discapacidad desde el nacimiento.

El Proyecto METIS (1997-1998), en el marco de la Iniciativa Comunitaria DAPHNE de la Comisión Europea, buscaba detectar y denunciar la situación de injusticia social y vulneración de los derechos de las mujeres con discapacidad.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género hace referencia a las personas con discapacidad en los artículos 3, 30 y 32, definiendo qué grupos de mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios. En el artículo 28 se habla de que las mujeres que sufren violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.

Las mujeres con diversidad funcional deben tener garantizado el acceso a los diversos recursos que ofrece el Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales. Sería importante que esta ley contribuyera a promover modelos alternativos de convivencia basados en la filosofía de la vida independiente.

El estudio Incidencia de la violencia de género, malos tratos y desempleo como factores de discriminación de Pedro Fernández Santiago, indica que las mujeres con discapacidad de la Comunidad de Madrid se enfrentan a numerosas situaciones discriminatorias y barreras que les dificultan el acceso al mundo laboral, a los servicios esenciales, a la educación/formación, y que presentan una mayor dependencia familiar y un mayor riesgo de sufrir malos tratos. Según el mismo, el 26% de las mujeres con discapacidad física sufre malos tratos, de los cuales el 61% son psíquicos, el 19% físicos, el 10% con lesiones y el 10% sexuales.

La imagen de la mujer con discapacidad que impera en nuestra sociedad es la de un ser que se hace depositario de sentimientos encontrados de lástima y rechazo, que no armoniza el papel de mujer y madre. Además, las jóvenes y las mujeres que tienen discapacidad están en más riesgo de deficiencias en la salud y de muerte.

Mujer con Discapacidad y Salud

Se recomienda promover la sensibilización y formación del personal médico y sanitario de atención primaria sobre la atención específica a las mujeres con discapacidad. También se sugiere la creación de centros de día para personas con necesidades generalizadas de apoyo con discapacidades severas.

Se puede encontrar información sobre la imagen social de la discapacidad, la identidad femenina, la vida cotidiana, la vida familiar, el trabajo doméstico, la educación, la formación y el empleo, la imagen corporal, la medicalización, la sexualidad y las relaciones de pareja, la preparación para la maternidad, la violencia de género contra las mujeres con discapacidad y el asociacionismo de mujeres con discapacidad en este enlace.

Las mujeres mayores viven solas con más frecuencia que los hombres, tienen mayor riesgo de enviudar, tienen ingresos más bajos, sufren en mayor medida enfermedades y trastornos crónicos y tienen peor percepción subjetiva de su salud y calidad de vida. Según el Informe 2006 de “Las personas mayores en España” (MTAS), la viudez de las mujeres suele tener consecuencias económicas importantes.

Las principales usuarias del sistema sanitario son las mujeres con discapacidad, el 61% de las personas que padecen enfermedades de alta dependencia son mujeres y carecen de servicios accesibles para una asistencia sanitaria adecuada (Encuesta EDDES, 1999). Entre los grupos de gran dependencia o dependencia severa, el 63% de las personas dependientes son mujeres con discapacidad frente al 37% de hombres.

La percepción de mala salud es superior en las mujeres, incluso ajustando por variables explicativas significativas como la clase social, la edad, las discapacidades y las enfermedades crónicas (Séculi, Fusté, Brugulat, Juncá, Rué y Guillén, 2001).

Según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES - 1999), el colectivo de personas de mayor demanda efectiva o potencial de cuidados de larga duración son las mujeres mayores.

Dependencia y Cuidados

Tomando como punto de partida el Libro Blanco de atención a las personas en situación de Dependencia en España, se destaca que “la situación de dependencia” ha existido siempre, y que quien ha dado cobertura a lo largo del tiempo a dicha situación ha sido “la mujer de la familia”.

Las personas con diversidad funcional siguen formando parte de la geografía humana a pesar de determinados esfuerzos por eliminarlas. Las mujeres, a través de su Movimiento Feminista, han reivindicado su condición de sujetos morales, iguales en derechos y deberes.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para las autoras, ha sido una respuesta desafortunada y desenfocada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la situación de dependencia como la restricción o ausencia de la capacidad de realizar alguna actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal.

La ley está fundamentada en el viejo y obsoleto Modelo Médico-rehabilitador, omitiendo la dimensión social de la dependencia. Ignora la verdadera realidad de las mujeres cuidadoras y de las mujeres con diversidad funcional. Debería haber incluido la especificidad de las mujeres con diversidad funcional, ya que son las principales personas a atender. No nombra a las mujeres con diversidad funcional como las mujeres cuidadoras.

Teniendo en cuenta que casi la pensión contributiva media en España fue de 576 € al mes en 2004, al pagar como media 195 € al mes, los usuarios que deseen entrar en el sistema verán como su pensión media baja de 576 € a 381 € al mes. Es decir, sufrirán una reducción de la pensión de un 34%.

‘Double disadvantage’ – Barriers facing women with disabilities in accessing employment, education and training opportunities: A discussion paper.

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