Libertad de Expresión vs. Derecho al Honor e Intimidad en España

Libertad de Información y de Expresión: Ponderación de Intereses

Es fundamental ponderar entre los intereses en conflicto, atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso litigioso, para determinar si debe prevalecer la libertad de expresión e información o si estas vulneran el derecho al honor de una persona.

Distinción Clave: Hechos y Opiniones

Resulta crucial distinguir entre:

• Hechos: Deben ser veraces. La exigencia de veracidad implica que el informador haya actuado con diligencia razonable en la comprobación de los hechos.
• Opiniones: Gozan de una protección más amplia, pero tienen como límite la injuria o el insulto desvinculado de la crítica.

El Reportaje Neutral

La doctrina ha calificado como reportaje neutral aquella práctica periodística amparada por la libertad de información. Bajo esta figura, el periodista puede transmitir datos o hechos atribuidos a una persona, incluso si pudieran afectar a su honor, siempre que se cumplan ciertos requisitos:

• El periodista no es el autor original de la noticia, sino un mero transmisor.
• Se limita a recoger y publicar manifestaciones de un tercero claramente identificado.
• La noticia no se reelabora ni se introducen comentarios personales; se reproduce la información ya conocida o las declaraciones obtenidas.
• No se manipula lo manifestado por la fuente.

En el reportaje neutral, el periodista queda exento de responsabilidad por el contenido de las declaraciones de terceros, siempre que haya actuado con la diligencia debida al transmitirlas.

Diligencia Periodística y Veracidad

Se exige al periodista una diligencia razonable para constatar la veracidad de los hechos que publica. Esto implica haber realizado una investigación adecuada a las circunstancias para evitar la difamación o la difusión de información no veraz. La diligencia se adapta a las condiciones concretas en la búsqueda de la verdad.

Prevalencia de la Libertad de Información y Límites

La libertad de comunicar información veraz sobre asuntos de interés general es un valor preferente frente al derecho al honor. Sin embargo, esta prevalencia tiene límites:

• Veracidad: Los hechos deben ser veraces, como se mencionó anteriormente.
• Vida Privada: No se exonera de responsabilidad el carácter verídico de la noticia si esta versa sobre hechos de la vida privada que carecen de relevancia pública (invasión de la intimidad).
• Derecho a la Propia Imagen: La libertad de información debe ponderarse también con el derecho a la propia imagen, según lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982.

Derecho de Rectificación

Debe existir la posibilidad de ejercer el derecho de rectificación, es decir, el derecho a difundir la versión de los hechos del afectado con la misma publicidad e inmediatez que la información original.

Nota: Al valorar un artículo periodístico, a menudo es complejo distinguir claramente entre hechos y opiniones, y el informador puede intentar ampararse en una u otra categoría.

Protección del Honor y la Intimidad

El Derecho al Honor de las Personas Jurídicas

En cuanto a las personas jurídicas de derecho público, la STC 15/2016 establece que, por regla general, no son titulares del derecho fundamental al honor (art. 18.1 CE), salvo en circunstancias excepcionales. Esto no significa que carezcan de dignidad o autoridad moral protegible.

La diferencia radica en que no pueden utilizar los mecanismos específicos de protección de la LO 1/1982. Si sufren daños contra su dignidad o autoridad moral, no podrán alegar una violación de su derecho al honor, pero sí podrán recurrir a la vía de la responsabilidad extracontractual civil.

Para las personas jurídicas de derecho privado (empresas, asociaciones), sí se reconoce un derecho al honor vinculado a su reputación o prestigio comercial y social.

Derecho al Honor en el Ámbito Profesional

Determinar si existe una vulneración del honor o prestigio profesional depende de si las críticas son falsas, difamatorias o exceden una crítica profesional justificada y fundada. Para que se considere una violación del honor profesional, generalmente se requiere un grado de intensidad mayor que en el ámbito personal. Esto incluye:

• Descalificaciones injuriosas o vejatorias.
• Infamia o atribución de hechos falsos que desacreditan gravemente.
• Poner en duda la ética o capacidad profesional de forma infundada.

El Honor de los Políticos

En el caso de los políticos y personajes públicos, el ámbito de la crítica admisible es considerablemente más amplio debido al interés general de sus actividades. La jurisprudencia (ej. STS 17/1/2014) ha tendido a ser más permisiva en los últimos años, aunque siempre con el límite de la injuria gratuita y la difamación.

Derecho a la Intimidad

El derecho a la intimidad protege un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, permitiendo excluir injerencias de terceros en la vida privada y familiar.

Intromisiones Ilegítimas:

Se considera ilícita cualquier intromisión que no cuente con el consentimiento del titular o habilitación legal. Esto incluye:

• Divulgación: Publicar hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su intimidad, incluso si son ciertos, si no existe consentimiento o interés público prevalente. Divulgar hechos ciertos de personas sin proyección pública ni interés general sin su consentimiento constituye una intromisión ilegítima.
• Intrusión: Entrometerse en el ámbito privado (domicilio, correspondencia, comunicaciones).
• Utilización de medios técnicos: Emplear aparatos de escucha, filmación, grabación u otros medios para conocer la vida íntima, aunque la información obtenida no se divulgue posteriormente.
• Intimidad corporal: Cualquier acto que afecte al cuerpo como manifestación de la privacidad.

El Consentimiento

El consentimiento para permitir una intromisión en la intimidad está regulado en el artículo 2 de la LO 1/1982. Características clave:

• Debe ser expreso.
• Es limitado al alcance que elija la persona.
• Es temporal y revocable en cualquier momento, aunque la revocación pueda generar una obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.