La revolución de 1868. El sexenio democrático.
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La revolución de 1868. El sexenio democrático
A la revolución de 1868 se IIegó por el agotamiento y la impopularidad del moderantismo y de la monarquía de Isabel II y por la situación de crisis económica del capitalismo español. Este estado de cosas hizo posible la confluencia de intereses de toda una serie de fuerzas políticas, sociales y económicas marginadas del sistema moderado e interesadas en un programa de renovación democrática y de recuperación económica.
5.1. Las causas de la revolución
A partir de 1860 la crisis económica y la crisis política se aunaron y provocaron una inestable situación en la España isabelina. La crisis financiera se originó por la evidencia de que las inversiones ferroviarias no eran rentables. Una vez finalizado el período de construcción intensiva, la explotación de las líneas puso al descubierto que los ferrocarriles españoles producían unos rendimientos muy escasos. En consecuencia, el valor de las acciones ferroviarias en la Bolsa cayó estrepitosamente. Debido a esta situación se produjo una caída de las cotizaciones de la Deuda Pública y de otras entidades financieras.
La crisis financiera coincidió con una grave crisis industrial, sobre todo en Cataluña. La guerra de Secesión de Estados Unidos (1 861-1 865) había interrumpido sus exportaciones de algodón en rama y los precios de este producto, dada su escasez, sufrieron un alza espectacular. Muchas pequeñas industrias del sector algodonero no pudieron afrontar el alza de precios de la materia prima en un momento en el que existía una grave contracción de la demanda de productos textiles como consecuencia de la crisis económica general y, especialmente, por el aumento de los precios agrarios provocado por la crisis de subsistencias de los años 1866-1868. Algunas industrias cerraron sus puertas y el paro aumentó y el nivel de vida de las clases trabajadoras descendió aún más.
La crisis de subsistencias se inició hacia 1 866 y vino provocada esencialmente por una serie de malas cosechas que dieron como resultado una carestía de trigo, alimento básico de la población española. Inmediatamente, los precios de este producto empezaron a subir y, así, entre 1866 y 1868, el precio del trigo aumentó en Madrid un 100%.
Hacia 1868, una gran parte de la población tenía motivos para alzarse contra el sistema isabelino. Los grandes negociantes, ligados a los capitales extranjeros, reclamaban un gobierno que tomase medidas para salvar sus inversiones en Bolsa; los industriales reclamaban medidas proteccionistas; los obreros y campesinos denunciaban su miseria y demandaban una acción gubernamental para mejorar su situación. En 1866 el Gobierno O?Donnell reprimió duramente una revuelta de los sargentos del cuartel de San Gil, que pedían reformas del sistema político, y fusiló a los implicados. O?Donnell fue apartado del gobierno por la Reina, pero los siguientes gabinetes moderados de Narváez o González Bravo continuaron gobernando por decreto, cerraron las Cortes e hicieron oídos sordos a los problemas del país.
Ante la situación, en agosto de 1866, la oposición estableció una plataforma para acabar con el moderantismo en el poder. Se trata del Pacto de Ostende, firmado en dicha ciudad por progresistas y demócratas exiliados, en el que se establecían las mínimas bases para una acción revolucionaria. El pacto era claramente anti-isabelino y la cuestión de la forma de gobierno -monarquía o república- sería decidida por unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal. Los demócratas conseguían imponer su principio más preciado, el sufragio universal, aunque cedían la implantación de un régimen republicano a una posterior decisión de las Cortes. En cuanto a los progresistas (Prim), ni el sufragio universal ni el derrocamiento de Isabel II eran objetivos esenciales de su acción, pero aceptaban las condiciones con tal de acabar con el dominio de los moderados.
A dicho pacto se adhirieron los unionistas en noviembre de 1867, tras la muerte de O?Donnell. Esta adhesión fue fundamental para el triunfo de la revolución. Los unionistas (Serrano) aportaron una buena parte de la cúspide del ejército, dado que contaban con muchos de sus altos mandos, y privaron a Isabel II del apoyo de gran parte de los militares.
5.2. La ?Gloriosa?
El 19 de septiembre de 1868, la escuadra que estaba concentrada en la bahía de Cádiz al mando del brigadier Topete se sublevó, al grito de ?Viva España con honra?, contra el gobierno de Isabel II. Prim se reunió con los sublevados y fue sublevando sucesivamente Málaga, Almería y Cartagena. Rápidamente en muchas ciudades españolas (Sevilla, Córdoba, Huelva, El Ferrol, Barcelona, etc.) se constituyeron Juntas Revolucionarias que organizaron la rebelión y lanzaron llamamientos al pueblo. El movimiento se extendió como un reguero de pólvora sin hallar apenas resistencias.
El gobierno y la Corona se encontraron completamente aislados. Su actitud había provocado que sólo contasen con el apoyo de los más directamente beneficiados por su política, y éstos eran en 1868 muy pocos: ni tan siquiera todos los moderados, sino sólo la pequeña ?camarilla? situada alrededor del gobierno y de Isabel II. Cuando las escasas tropas fieles al gobierno fueron derrotadas en Alcolea, el gobierno no vio más salida que dimitir. Isabel partió en exilio hacia Francia el 29 de septiembre de 1868.
Durante esas primeras semanas, el poder efectivo estuvo en manos de las Juntas Revolucionarias y del movimiento popular, que asumieron la dirección de la revuelta y consolidaron el pronunciamiento, transformando un golpe militar en una revolución que acabó con el moderantismo y destronó a los Borbones.
Sin embargo, se evidenció rápidamente que en la revolución de 1868 existían diversas revoluciones y que la que se iba a imponer era la de Prim (progresistas) o Serrano (unionistas), cuyo objetivo esencial, derrocar al gobierno, ya se había conseguido. Fuera quedaban, frustradas, las revoluciones de los demócratas y republicanos y, sobre todo, de las masas populares.
Así, en los primeros días de octubre, los firmantes del Pacto de Ostende tomaron la dirección del movimiento, constituyeron un gobierno provisional, ordenaron disolver las juntas y desarmar a la Milicia Nacional que les había dado apoyo y, por último, dejaron patente que una cosa era derrocar a los Borbones y otra poner en duda la propiedad privada o querer proclamar la república.
5.3. El Gobierno provisional y la Constitución de 1869
El Gobierno provisional, a cuyo frente se situaron Serrano y Prim, puso rápidamente en marcha un programa de reformas. Fueron inmediatamente reconocidos la libertad de imprenta, el derecho de reunión y asociación y el sufragio universal; se aprobó la reforma de la enseñanza, la democratización de Ayuntamientos y Diputaciones y la emancipación de los hijos de los esclavos en las colonias. Al mismo tiempo, el Gobierno provisional convocó elecciones a Cortes constituyentes. Las elecciones, celebradas por primera vez en España por sufragio universal masculino -sólo para varones mayores de 25 años- dieron la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y un sector de los demócratas) y crearon también tres importantes minorías dentro de las Cortes: los carlistas, los moderados y los republicanos.
La Constitución de 1869, claramente liberal democrática, perfilaba un régimen de libertades muy amplio si se la compara con otras europeas de la misma época. Se proclamaba la soberanía nacional y se confirmaba el sufragio universal masculino. Incluía una amplísima declaración de derechos en la que junto a los tradicionales derechos individuales se garantizaba la libertad de residencia, enseñanza o culto y la inviolabilidad del correo.
La monarquía se mantuvo como forma de gobierno, al rey le correspondía el poder ejecutivo y la facultad de disolver las Cortes; pero sólo ejercía su poder por medio de sus ministros que elaboraban las leyes en las Cortes y el rey sólo las sancionaba o promulgaba. Se proclamaba, como en otras constituciones, la independencia del poder judicial, creando un sistema de oposiciones a juez que acababa con el nombramiento de éstos por el gobierno y se restablecía también el juicio por jurado.
5.4. La política económica
Uno de los objetivos esenciales de la revolución de 1868 y en particular del sector de la burguesía que le dio apoyo, era una radical reorientación de la política económica. En esencia, se pretendía establecer una legislación que permitiera o facilitara la implantación del capitalismo y que protegiera los intereses económicos de dicho grupo burgués, que se hallaban, además, profundamente ligados a los intereses económicos del gran capitalismo europeo. La política económica de esta etapa se caracterizó por la defensa del librecambismo y por la apertura del mercado español a entrada del capital extranjero. Con ello se pretendía favorecer la competencia y la libre iniciativa y transformar y rentabilizar las estructuras comerciales e industriales del país.
En primer lugar se fijó la peseta como unidad monetaria, en un intento de unificar y racionalizar el sistema monetario. Pero el problema más grave para los dirigentes de Sexenio era la caótica situación de la Hacienda con una elevada Deuda Pública. Al acceder al poder, se encontraron con la inexistencia de recursos para hacer frente a una mínima acción de gobierno. La necesidad de sanearla forzó a utilizar parte del patrimonio minero, mediante su venta concesión, como forma de conseguir recursos para sanearla. La medida, además, era coherente con su programa de liberalización de la economía y con la permisividad para la entrada de capitales exteriores. La última gran acción sobre la economía fue la liberalización de los intercambios exteriores, aprobada en julio de 1 869 mediante la Ley de Bases Arancelarias (Arancel Figuerola), que acababa con toda una tradición proteccionista de la economía española de siglo XIX.
5.5. La frustración de las aspiraciones populares
La Constitución de 1869 y el nuevo sistema político er su conjunto consolidaban los principios liberal-democráticos defendidos por los partidos que impulsaron la revolución de septiembre de 1868, pero frustraban algunas de la aspiraciones de otros grupos políticos, en especial mucha de las reivindicaciones de carácter popular. La forma de gobierno monárquica disgustó a todos quienes aspiraban establecimiento de un régimen republicano; el mantenimiento del culto y del clero aprobado por la Constitución no era del agrado de amplios sectores radicales de marcado anticlericalismo y, sobre todo, el modelo socio-económico continuó intacto, con lo que campesinos, jornaleros o trabajadores de fábrica no vieron mejorar su situación.
En un primer momento, los republicanos encamaro gran parte de ese descontento, pero el fracaso de las insi rrecciones republicanas del año 1869 condujeron gran parte de estos sectores a posiciones cada vez más radicalizadas y despolitizadas. La penetración y la expansión en España de las ideas internacionalistas, que llegaron a nuestro país a partir de 1868 y la expansión del anarquismo del socialismo abrió una nueva etapa en la organización del proletariado y del campesinado.
A la revolución de 1868 se IIegó por el agotamiento y la impopularidad del moderantismo y de la monarquía de Isabel II y por la situación de crisis económica del capitalismo español. Este estado de cosas hizo posible la confluencia de intereses de toda una serie de fuerzas políticas, sociales y económicas marginadas del sistema moderado e interesadas en un programa de renovación democrática y de recuperación económica.
5.1. Las causas de la revolución
A partir de 1860 la crisis económica y la crisis política se aunaron y provocaron una inestable situación en la España isabelina. La crisis financiera se originó por la evidencia de que las inversiones ferroviarias no eran rentables. Una vez finalizado el período de construcción intensiva, la explotación de las líneas puso al descubierto que los ferrocarriles españoles producían unos rendimientos muy escasos. En consecuencia, el valor de las acciones ferroviarias en la Bolsa cayó estrepitosamente. Debido a esta situación se produjo una caída de las cotizaciones de la Deuda Pública y de otras entidades financieras.
La crisis financiera coincidió con una grave crisis industrial, sobre todo en Cataluña. La guerra de Secesión de Estados Unidos (1 861-1 865) había interrumpido sus exportaciones de algodón en rama y los precios de este producto, dada su escasez, sufrieron un alza espectacular. Muchas pequeñas industrias del sector algodonero no pudieron afrontar el alza de precios de la materia prima en un momento en el que existía una grave contracción de la demanda de productos textiles como consecuencia de la crisis económica general y, especialmente, por el aumento de los precios agrarios provocado por la crisis de subsistencias de los años 1866-1868. Algunas industrias cerraron sus puertas y el paro aumentó y el nivel de vida de las clases trabajadoras descendió aún más.
La crisis de subsistencias se inició hacia 1 866 y vino provocada esencialmente por una serie de malas cosechas que dieron como resultado una carestía de trigo, alimento básico de la población española. Inmediatamente, los precios de este producto empezaron a subir y, así, entre 1866 y 1868, el precio del trigo aumentó en Madrid un 100%.
Hacia 1868, una gran parte de la población tenía motivos para alzarse contra el sistema isabelino. Los grandes negociantes, ligados a los capitales extranjeros, reclamaban un gobierno que tomase medidas para salvar sus inversiones en Bolsa; los industriales reclamaban medidas proteccionistas; los obreros y campesinos denunciaban su miseria y demandaban una acción gubernamental para mejorar su situación. En 1866 el Gobierno O?Donnell reprimió duramente una revuelta de los sargentos del cuartel de San Gil, que pedían reformas del sistema político, y fusiló a los implicados. O?Donnell fue apartado del gobierno por la Reina, pero los siguientes gabinetes moderados de Narváez o González Bravo continuaron gobernando por decreto, cerraron las Cortes e hicieron oídos sordos a los problemas del país.
Ante la situación, en agosto de 1866, la oposición estableció una plataforma para acabar con el moderantismo en el poder. Se trata del Pacto de Ostende, firmado en dicha ciudad por progresistas y demócratas exiliados, en el que se establecían las mínimas bases para una acción revolucionaria. El pacto era claramente anti-isabelino y la cuestión de la forma de gobierno -monarquía o república- sería decidida por unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal. Los demócratas conseguían imponer su principio más preciado, el sufragio universal, aunque cedían la implantación de un régimen republicano a una posterior decisión de las Cortes. En cuanto a los progresistas (Prim), ni el sufragio universal ni el derrocamiento de Isabel II eran objetivos esenciales de su acción, pero aceptaban las condiciones con tal de acabar con el dominio de los moderados.
A dicho pacto se adhirieron los unionistas en noviembre de 1867, tras la muerte de O?Donnell. Esta adhesión fue fundamental para el triunfo de la revolución. Los unionistas (Serrano) aportaron una buena parte de la cúspide del ejército, dado que contaban con muchos de sus altos mandos, y privaron a Isabel II del apoyo de gran parte de los militares.
5.2. La ?Gloriosa?
El 19 de septiembre de 1868, la escuadra que estaba concentrada en la bahía de Cádiz al mando del brigadier Topete se sublevó, al grito de ?Viva España con honra?, contra el gobierno de Isabel II. Prim se reunió con los sublevados y fue sublevando sucesivamente Málaga, Almería y Cartagena. Rápidamente en muchas ciudades españolas (Sevilla, Córdoba, Huelva, El Ferrol, Barcelona, etc.) se constituyeron Juntas Revolucionarias que organizaron la rebelión y lanzaron llamamientos al pueblo. El movimiento se extendió como un reguero de pólvora sin hallar apenas resistencias.
El gobierno y la Corona se encontraron completamente aislados. Su actitud había provocado que sólo contasen con el apoyo de los más directamente beneficiados por su política, y éstos eran en 1868 muy pocos: ni tan siquiera todos los moderados, sino sólo la pequeña ?camarilla? situada alrededor del gobierno y de Isabel II. Cuando las escasas tropas fieles al gobierno fueron derrotadas en Alcolea, el gobierno no vio más salida que dimitir. Isabel partió en exilio hacia Francia el 29 de septiembre de 1868.
Durante esas primeras semanas, el poder efectivo estuvo en manos de las Juntas Revolucionarias y del movimiento popular, que asumieron la dirección de la revuelta y consolidaron el pronunciamiento, transformando un golpe militar en una revolución que acabó con el moderantismo y destronó a los Borbones.
Sin embargo, se evidenció rápidamente que en la revolución de 1868 existían diversas revoluciones y que la que se iba a imponer era la de Prim (progresistas) o Serrano (unionistas), cuyo objetivo esencial, derrocar al gobierno, ya se había conseguido. Fuera quedaban, frustradas, las revoluciones de los demócratas y republicanos y, sobre todo, de las masas populares.
Así, en los primeros días de octubre, los firmantes del Pacto de Ostende tomaron la dirección del movimiento, constituyeron un gobierno provisional, ordenaron disolver las juntas y desarmar a la Milicia Nacional que les había dado apoyo y, por último, dejaron patente que una cosa era derrocar a los Borbones y otra poner en duda la propiedad privada o querer proclamar la república.
5.3. El Gobierno provisional y la Constitución de 1869
El Gobierno provisional, a cuyo frente se situaron Serrano y Prim, puso rápidamente en marcha un programa de reformas. Fueron inmediatamente reconocidos la libertad de imprenta, el derecho de reunión y asociación y el sufragio universal; se aprobó la reforma de la enseñanza, la democratización de Ayuntamientos y Diputaciones y la emancipación de los hijos de los esclavos en las colonias. Al mismo tiempo, el Gobierno provisional convocó elecciones a Cortes constituyentes. Las elecciones, celebradas por primera vez en España por sufragio universal masculino -sólo para varones mayores de 25 años- dieron la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y un sector de los demócratas) y crearon también tres importantes minorías dentro de las Cortes: los carlistas, los moderados y los republicanos.
La Constitución de 1869, claramente liberal democrática, perfilaba un régimen de libertades muy amplio si se la compara con otras europeas de la misma época. Se proclamaba la soberanía nacional y se confirmaba el sufragio universal masculino. Incluía una amplísima declaración de derechos en la que junto a los tradicionales derechos individuales se garantizaba la libertad de residencia, enseñanza o culto y la inviolabilidad del correo.
La monarquía se mantuvo como forma de gobierno, al rey le correspondía el poder ejecutivo y la facultad de disolver las Cortes; pero sólo ejercía su poder por medio de sus ministros que elaboraban las leyes en las Cortes y el rey sólo las sancionaba o promulgaba. Se proclamaba, como en otras constituciones, la independencia del poder judicial, creando un sistema de oposiciones a juez que acababa con el nombramiento de éstos por el gobierno y se restablecía también el juicio por jurado.
5.4. La política económica
Uno de los objetivos esenciales de la revolución de 1868 y en particular del sector de la burguesía que le dio apoyo, era una radical reorientación de la política económica. En esencia, se pretendía establecer una legislación que permitiera o facilitara la implantación del capitalismo y que protegiera los intereses económicos de dicho grupo burgués, que se hallaban, además, profundamente ligados a los intereses económicos del gran capitalismo europeo. La política económica de esta etapa se caracterizó por la defensa del librecambismo y por la apertura del mercado español a entrada del capital extranjero. Con ello se pretendía favorecer la competencia y la libre iniciativa y transformar y rentabilizar las estructuras comerciales e industriales del país.
En primer lugar se fijó la peseta como unidad monetaria, en un intento de unificar y racionalizar el sistema monetario. Pero el problema más grave para los dirigentes de Sexenio era la caótica situación de la Hacienda con una elevada Deuda Pública. Al acceder al poder, se encontraron con la inexistencia de recursos para hacer frente a una mínima acción de gobierno. La necesidad de sanearla forzó a utilizar parte del patrimonio minero, mediante su venta concesión, como forma de conseguir recursos para sanearla. La medida, además, era coherente con su programa de liberalización de la economía y con la permisividad para la entrada de capitales exteriores. La última gran acción sobre la economía fue la liberalización de los intercambios exteriores, aprobada en julio de 1 869 mediante la Ley de Bases Arancelarias (Arancel Figuerola), que acababa con toda una tradición proteccionista de la economía española de siglo XIX.
5.5. La frustración de las aspiraciones populares
La Constitución de 1869 y el nuevo sistema político er su conjunto consolidaban los principios liberal-democráticos defendidos por los partidos que impulsaron la revolución de septiembre de 1868, pero frustraban algunas de la aspiraciones de otros grupos políticos, en especial mucha de las reivindicaciones de carácter popular. La forma de gobierno monárquica disgustó a todos quienes aspiraban establecimiento de un régimen republicano; el mantenimiento del culto y del clero aprobado por la Constitución no era del agrado de amplios sectores radicales de marcado anticlericalismo y, sobre todo, el modelo socio-económico continuó intacto, con lo que campesinos, jornaleros o trabajadores de fábrica no vieron mejorar su situación.
En un primer momento, los republicanos encamaro gran parte de ese descontento, pero el fracaso de las insi rrecciones republicanas del año 1869 condujeron gran parte de estos sectores a posiciones cada vez más radicalizadas y despolitizadas. La penetración y la expansión en España de las ideas internacionalistas, que llegaron a nuestro país a partir de 1868 y la expansión del anarquismo del socialismo abrió una nueva etapa en la organización del proletariado y del campesinado.