Ideologías políticas del siglo XIX en España

Las opciones del liberalismo

Los partidos políticos del siglo XIX no eran como los concebimos en la actualidad. No se trataba de grupos compactos y homogéneos con una ideología y un programa bien definidos, sino que constituían más bien agrupaciones de personalidades alrededor de algún notable, civil o militar. Más que partidos organizados eran corrientes de opinión o “camarillas”, vinculadas por relaciones personales o intereses económicos, que se unían para participar en las elecciones y controlar las diferentes parcelas de poder.

Los moderados

Los moderados se definían a sí mismos como “personas de orden” y eran un grupo heterogéneo formado por terratenientes, comerciantes e intelectuales conservadores, junto a restos de la antigua nobleza, el alto clero y los altos mandos militares. Defendían el derecho a la propiedad como garantía del orden que querían preservar y restringían el sufragio según la riqueza de los electores. Concebían la libertad como un bien individual, pero anteponían los principios de autoridad y orden social, por lo que desconfiaban de la participación de las masas en la política, que debía quedar en manos de una minoría propietaria e ilustrada. Entre sus líderes hay que destacar a Ramón María de Narváez y Francisco Bravo Murillo.

Así mismo, defendían el principio de la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, a la que otorgaban amplios poderes de intervención en la vida política (nombrar ministros, disolver las Cortes, vetar leyes, etc). También se mostraban partidarios de limitar los derechos individuales, especialmente los colectivos como la libertad de prensa, opinión, reunión y asociación. Por último, representaban la opción más clerical del liberalismo, al defender la confesionalidad del Estado y otorgar a la Iglesia católica una gran influencia social.

Los progresistas

Los progresistas se consideraban los “defensores de la libertad” y entre ellos predominaba la mediana y pequeña burguesía, la oficialidad media del ejército y también las clases populares urbanas (artesanos, comerciantes, profesionales liberales), cuyo denominador común era su espíritu de reforma. Defendían el principio de soberanía nacional como fuente de legitimidad del poder y el predominio de las Cortes en el sistema político, mientras rechazaban la intervención de la Corona en la vida política, atribuyéndole tan sólo un papel moderador. Entre sus líderes destacaron Juan Álvarez Mendizábal, Baldomero Espartero y Juan Prim.

Eran partidarios de robustecer los poderes locales (ayuntamientos libremente elegidos, Milicia Nacional…) y de otorgar amplios derechos individuales y colectivos (libertad de prensa, de opinión, de religión, etc.). Mantenían el principio del sufragio censitario, pero también eran favorables a la ampliación del cuerpo electoral. Defendían la necesidad de una reforma agraria para poner fin a la propiedad vinculada y preconizaban limitar la influencia social de la Iglesia.

En 1854 se formó, con el nombre de Unión Liberal, un nuevo partido, que nació como una escisión de los moderados, pero que atrajo a su seno a los grupos más conservadores del progresismo. Pretendían constituirse como una opción centrista entre los dos partidos clásicos, pero no presentaban ideológicamente ninguna novedad.

Era básicamente una unión política con finalidades de gobierno que agrupaba a los sectores descontentos con la política moderada. Sus impulsores fueron los generales O´Donnell y Serrano.

Demócratas y republicanos

En 1849, una escisión de los progresistas dio origen a la formación del Partido Demócrata, que defendía la soberanía popular y el sufragio universal masculino. Abogaba por la existencia de una única cámara electiva, la ampliación de las libertades públicas y el reconocimiento de los derechos colectivos. También era partidario de la libertad de imprenta, la formación de la Milicia Nacional, la elección de los ayuntamientos y las diputaciones y la implicación de la Administración en la enseñanza pública y en las tareas de beneficencia social. Reconocía el predominio social de la Iglesia católica, pero exigía la libertad de culto para todas las religiones. Su fuerza se hallaba fundamentalmente entre las clases populares urbanas y los grados bajos de la Milicia.

Pero el desprestigio de la monarquía de Isabel II hizo ganar fuerza al republicanismo en detrimento del Partido Demócrata. Los republicanos defendían la república como la única opción verdaderamente democrática por permitir la elección de todos los cargos públicos, incluyendo la jefatura del Estado, y presentaban un fuerte carácter social y popular.