Historia de la Segunda República Española: Del Reformismo al Frente Popular

El Primer Bienio (1931-1933): Reformismo social azañista

Los Estatutos de Autonomía

Según la Constitución de 1931, se posibilitaba la creación de regiones autónomas con un elevado grado de autogobierno, lo que despertó especial interés en las comunidades históricas. En Cataluña, Esquerra Republicana (partido mayoritario en ese momento) tuvo que moderar sus iniciales demandas autonomistas y aceptar el procedimiento legal establecido por el gobierno provisional el 21 de abril de 1931. En junio de ese año, una comisión de la asamblea de representantes municipales catalanes, reunida en Núria, redactó un proyecto de Estatuto que fue aprobado en referéndum el 2 de agosto. El trámite parlamentario en las Cortes, iniciado en mayo de 1932, encontró numerosas oposiciones.

En las provincias vascas y Navarra, se buscaba recuperar los derechos autonómicos perdidos. En junio de 1931, una asamblea de ayuntamientos vascos y navarros reunida en Estella (Navarra) aprobó un proyecto de Estatuto, impulsado por carlistas y nacionalistas del PNV, que fue rechazado por el gobierno. Un nuevo Estatuto, sometido a votación en los ayuntamientos de las cuatro provincias, fue aceptado por las tres vascas y rechazado por Navarra. Su discusión en las Cortes quedó aplazada.

El Golpe de Estado de Sanjurjo

El triunfo republicano generó malestar entre la oficialidad del ejército, que se sentía menospreciada por una República con tendencias reformistas que buscaba relegar a los sospechosos de fidelidades monárquicas. La reforma de Azaña permitía a los oficiales retirados participar en la vida política.

El 10 de agosto de 1932, el general Sanjurjo lideró un golpe de Estado contra la República en Sevilla y Madrid. Sectores monárquicos, clericales y terratenientes, opuestos a los cambios emprendidos, apoyaron el golpe. Sin embargo, fracasó por falta de preparación y apoyos sólidos.

Consecuencias del fracaso del golpe: La cuestión agraria

El fracaso del golpe fue un triunfo para los partidos republicanos y el gobierno, que aprovechó para aprobar el Estatuto catalán y las reformas agrarias pendientes.

La Ley de Reforma Agraria, aprobada el 9 de septiembre de 1932, buscaba redistribuir la tierra y asentar a los campesinos. Se creó el IRA (Instituto de Reforma Agraria) para su implementación. La ley implicaba la expropiación de fincas con indemnización a sus dueños (excepto las de señorío y las pertenecientes a la Grandeza de España), una parte en efectivo y otra con títulos de deuda especial. Su aplicación, limitada a trece provincias, se vio dificultada por la lentitud burocrática y la escasez de fondos, concediéndose tierras a solo 12.000 campesinos.

El Decreto de Intensificación de Cultivos, aplicado en noviembre de 1932 en ocho provincias, permitió ceder tierras sin cultivar a campesinos sin tierras.

El Estatuto catalán, aprobado el 9 de septiembre, convirtió a Cataluña en región autónoma con Parlamento y gobierno propios, y amplias atribuciones en hacienda, economía, cultura, transporte y comunicaciones, aunque el gobierno central mantuvo competencias importantes, como la educativa. En las elecciones catalanas de noviembre, Esquerra Republicana volvió a triunfar, y su líder, Francesc Macià, se convirtió en el primer presidente autónomo.

En el norte, tras la separación de Navarra, los ayuntamientos de las tres provincias vascas aceptaron el 6 de agosto de 1933 una propuesta de Estatuto que fue aprobada en referéndum el 5 de noviembre.

Revueltas campesinas y caída del gobierno de Azaña

La aplicación de la reforma agraria fue compleja. Se enfrentó a la oposición de los terratenientes, la escasez de presupuesto y la impaciencia campesina, alentada por la propaganda revolucionaria de UGT y CNT. La dirección de la CNT, en manos de sectores radicales, impulsó revueltas en enero de 1933 en Valencia, Barcelona y Andalucía. En Casas Viejas (Cádiz), la represión de la revuelta campesina por parte de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto (nuevo cuerpo creado por la República) resultó en veinticinco muertos. Estos sucesos, debatidos en las Cortes, llevaron a la dimisión de Azaña en septiembre de 1933. Un mes después, el presidente Alcalá Zamora disolvía las Cortes y convocaba nuevas elecciones para el 19 de noviembre.

El Segundo Bienio (1933-1936): Radical-cedista

Conflictos y agitaciones

Entre la primera y segunda vuelta de las elecciones, la CNT planeó un movimiento revolucionario en caso de triunfo de la derecha. A pesar de las detenciones y la represión del gobierno, el movimiento estalló el 8 de diciembre en Aragón, La Rioja, León, Extremadura y Andalucía. Campesinos, obreros y mineros tomaron el poder en varias localidades y se enfrentaron a las fuerzas del orden, sufriendo numerosas bajas. Los locales de la CNT fueron clausurados.

La agitación y los enfrentamientos continuaron. En marzo de 1934, la CNT promovió una huelga en Zaragoza por el despido de 400 dependientes de comercio. En verano, la FNTT organizó una huelga general campesina (700 pueblos, más de 200.000 huelguistas) en Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva y Valencia, que fue duramente reprimida.

El Tribunal de Garantías Constitucionales declaró inconstitucional la Ley de Contratos de Cultivos del Parlamento catalán, argumentando que Cataluña carecía de competencias para legislar en ese ámbito. La ley contemplaba el acceso a la propiedad de las tierras, con indemnización a los dueños, para los campesinos que llevaran quince años en ellas.

La Revolución de 1934 y la resistencia asturiana

En octubre de 1934, la entrada de tres miembros de la CEDA en el gobierno desencadenó una huelga general que duró una semana en varios lugares de España, donde se proclamó la república socialista. Las fuerzas participantes tenían objetivos diversos: forzar un gobierno de izquierdas o iniciar una revolución.

En la zona minera asturiana (de Mieres a Oviedo) y la margen izquierda de la ría de Bilbao, el proletariado armado de CNT, UGT, comunistas y trotskistas (UHP o Unión Hermanos Proletarios) tomó el poder e instauró comunas populares. El fracaso de la revolución en otras regiones aisló a Asturias. El gobierno envió tropas de Marruecos que desembarcaron en Gijón y Avilés, derrotando a los comités revolucionarios y llevando a cabo una dura represión. Más de 1.300 muertos y 30.000 presos reflejaron la intensidad del enfrentamiento.

El desafío de la Generalitat catalana (Fin del bienio)

El 6 de octubre, el presidente catalán Companys (sucesor de Macià, fallecido en diciembre de 1933) proclamó el Estado catalán dentro de una República Federal Española, invitando a las izquierdas a formar un gobierno de oposición en Barcelona. Esta iniciativa, sin apoyo de la CNT ni respaldo popular, fue sofocada por el ejército, que bombardeó el palacio de la Generalitat y detuvo al gobierno catalán.

Polarización política en 1935

La represión de la insurrección de octubre conllevó la prohibición de la prensa anarquista y socialista, y la suspensión de la Generalitat. El gobierno radical-cedista desmanteló las reformas: disolución del patronato de las propiedades de la Compañía de Jesús y promulgación de una ley agraria que derogaba la de 1932, permitiendo la devolución de los latifundios expropiados. Las izquierdas buscaban la unidad formando comités de ayuda y pro amnistía, lo que prefiguraba un enfrentamiento con las derechas. Los sindicatos se armaron, y la extrema derecha radicalizó sus acciones, con frecuentes atentados en las grandes ciudades.

Las Reformas del Frente Popular (1936)

En octubre de 1935, un escándalo financiero (el “estraperlo”) provocó la dimisión de Lerroux. En enero de 1936, Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 16 de febrero. La izquierda se unió en el Frente Popular (republicanos moderados, socialistas y comunistas), con el apoyo de Moscú. Proponían la amnistía y el retorno a las reformas del primer bienio. La CNT, preocupada por sus presos, no promovió la abstención. La derecha, sin un frente único, se articuló en torno a la CEDA y el Bloque Nacional, opuestos a la revolución que identificaban con el Frente Popular.

El Frente Popular ganó las elecciones con un estrecho margen (34,3% frente al 33,2% de los votos), pero se benefició de la ley electoral, obteniendo 272 diputados frente a 212 de derechas y centro.

El gobierno de Azaña, sin la participación socialista, incluía a Izquierda Republicana y Unión Republicana. Se concedió la amnistía, se restauró la Generalitat y se iniciaron los trámites para la autonomía vasca y gallega. Se reanudó la política educativa, se confiscaron los latifundios devueltos y se impulsó la reforma agraria. En mayo, Azaña asumió la presidencia de la República, con Casares Quiroga como primer ministro.