Funciones TGSS, Prescripción, Caducidad y Situaciones Asimiladas al Alta en Seguridad Social Española

Competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Las funciones esenciales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) comprenden la gestión de los recursos económicos y la administración financiera del sistema de Seguridad Social, actuando conforme a los principios de solidaridad financiera y caja única. Sus competencias específicas incluyen:

• La inscripción de empresas y la afiliación, así como las altas y bajas de los trabajadores.
• La gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del sistema.
• La concesión de aplazamientos o fraccionamientos en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
• La titularidad, gestión y administración de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio único de la Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder a otras entidades u organismos.
• La ordenación de los pagos relativos a las obligaciones de la Seguridad Social.
• La elaboración del anteproyecto de presupuesto de recursos y del presupuesto monetario.
• La tramitación de operaciones de crédito y la autorización para la apertura de cuentas en instituciones financieras colaboradoras.
• La función de reaseguro en materia de accidentes de trabajo.
• El registro de los contratos administrativos suscritos por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
• La gestión de los convenios especiales.
• La formalización de la documentación derivada del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria.
• La asignación de facultativos y la tramitación de cambios solicitados por los beneficiarios, conforme a la normativa aplicable.

Prescripción del Derecho a las Prestaciones

El derecho al reconocimiento de las prestaciones de la Seguridad Social prescribe, por norma general, a los cinco años. Dicho plazo comienza a contar desde el día siguiente a aquel en que se produjo el hecho causante de la prestación correspondiente.

Existen excepciones significativas a esta regla general:

• Las prestaciones por jubilación y por muerte y supervivencia (viudedad, orfandad, en favor de familiares) son imprescriptibles. No obstante, si la solicitud se presenta una vez transcurrido el plazo, los efectos económicos del reconocimiento se retrotraen, como máximo, a los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud. Esta retroactividad limitada no aplica al auxilio por defunción, el cual sí está sujeto al plazo general de prescripción de cinco años.
• La prestación no económica por hijo o menor a cargo también es imprescriptible, aplicándose igualmente la retroactividad máxima de tres meses para sus efectos económicos si la solicitud es tardía.

La prescripción puede interrumpirse por las siguientes causas:

• Cualquier acción ejercitada ante los órganos administrativos competentes o los Tribunales.
• La reclamación extrajudicial del acreedor (beneficiario).
• Cualquier acto de reconocimiento de la deuda por parte del deudor (la entidad gestora de la Seguridad Social).

La interrupción tiene como efecto que el plazo de prescripción comience a computarse de nuevo desde el inicio.

Además, en el supuesto de que se inicie una acción judicial (penal o civil) contra un presunto culpable, el plazo de prescripción quedará suspendido mientras dure la tramitación de dicha acción. El cómputo se reanudará a partir de la fecha en que se notifique el auto de sobreseimiento o la sentencia firme.

Caducidad del Derecho al Percibo de Prestaciones Reconocidas

Una vez que el derecho a una prestación ha sido formalmente reconocido, el derecho a percibir las cuantías económicas correspondientes (el derecho al cobro) está sujeto a caducidad. Conforme al artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social, este derecho caduca al año.

Es importante distinguir según el tipo de prestación:

1. Prestaciones a tanto alzado (pagos únicos, como indemnizaciones): El derecho a percibirlas caduca al año, contado desde el día siguiente a la notificación formal de su concesión al interesado.
2. Prestaciones periódicas (pensiones, subsidios): El derecho al percibo de cada mensualidad individual caduca al año de su respectivo vencimiento.

La caducidad solo afecta al derecho al cobro de mensualidades o pagos específicos de una prestación ya reconocida, no al derecho al reconocimiento de la prestación en sí mismo, el cual está sujeto a las reglas de prescripción.

Situaciones Asimiladas a la de Alta

El artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) contempla diversas circunstancias en las que, a pesar de no existir una prestación laboral activa, se considera que la persona se encuentra en una situación asimilada a la de alta a efectos del acceso a determinadas prestaciones o para el cumplimiento de periodos de carencia.

Entre las situaciones asimiladas al alta más relevantes se encuentran:

• La situación legal de desempleo total durante la percepción de la prestación contributiva o el subsidio por desempleo.
• La situación de excedencia forzosa.
• La situación de excedencia para el cuidado de hijos o familiares, en los términos y con el alcance previstos legalmente.
• El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional.
• La suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social en sus distintas modalidades.
• Los períodos de inactividad entre trabajos de temporada para los trabajadores fijos discontinuos.
• Los períodos de cumplimiento de condena en prisión o de internamiento en centros por medidas de seguridad, siempre que no se cause baja en el régimen correspondiente.
• Las situaciones de huelga y cierre patronal legal, durante las cuales el trabajador permanece en una situación de alta especial.

Adicionalmente, se mantiene la consideración de alta de pleno derecho (presunción de alta) a efectos de accidentes de trabajo, enfermedad profesional y desempleo para aquellos trabajadores cuyos empresarios hayan incumplido la obligación de afiliación o alta, sin perjuicio de las responsabilidades empresariales que se deriven de dicho incumplimiento (art. 167 LGSS). El Gobierno tiene la facultad de extender esta presunción a otras contingencias.