Las Desamortizaciones del Siglo XIX en España: Transformación y Conflicto

Transformaciones económicas del siglo XIX: las desamortizaciones

1. Introducción

Necesidad de Reforma agraria

En España, durante el siglo XIX, se produjo un gran cambio en la estructura agraria. No supuso una reforma económica agraria, como la pretendida por los ilustrados, quienes estaban preocupados por obtener el máximo rendimiento de la tierra, fuente para ellos de riqueza y fortaleza del Estado. Estos habían insinuado que para poder mejorar la agricultura, era necesario cambiar el sistema señorial de propiedad de la tierra.

Para estos ilustrados, una de las causas principales del retraso de la agricultura era la enorme extensión que alcanzaba en España la propiedad amortizada, que se llamaba de "manos muertas", y que estaba en poder de la Iglesia. A esta tierra de "manos muertas" había que unirle los "baldíos" y "realengos", en manos de los municipios o del Estado respectivamente.

En concreto, el problema principal es que estas tierras, que detentaban estas instituciones desde la Edad Media, estaban en general mal cultivadas, con rendimientos, pues, muy bajos. Además, estas tierras quedaban al margen del mercado, pues no se podían enajenar (ni vender, ni hipotecar, ni ceder), con el consiguiente aumento del precio de la tierra "libre" que quedaba. Al quedar estas tierras fuera del mercado, no podían ser capitalizadas ni mejoradas, ya que a sus propietarios no les convenía. A esto, hay que unirle, que no tributaban a la Hacienda Real, por los privilegios que tenían sus propietarios. Todo esto provocaba un gran retraso en la agricultura española.

No se hizo reforma agraria

Pero esta necesidad de reforma agraria no se vio cumplida en el siglo XIX con el proceso de Desamortización. El proceso de desamortización fue un proceso iniciado a finales del siglo XVIII y que continuará hasta mitad del XX, pero que tiene en el siglo XIX un impulso decisivo. La desamortización fue más bien un cambio en la titularidad de la propiedad de la tierra: se pasó de ser propiedad del Antiguo Régimen, de "manos muertas", o "amortizadas" a una propiedad capitalista, que permitía su comercialización.

El hecho de desamortizar suponía, primero, la incautación forzosa por parte del Estado de esos bienes, sobre todo las propiedades de la iglesia, de los Ayuntamientos y los baldíos del Estado, que dejaban de ser de manos muertas y se convertían en nacionales, y segundo, se procedía a la puesta en venta, mediante pública subasta de las mismas, convirtiéndose jurídicamente en propiedad privada.

El problema vino en cómo se hizo dicha amortización, ya que, pese a que los liberales pretendían que las tierras cayesen en muchas manos, creando así un amplio grupo de partidarios del liberalismo, la venta se le encargó a los ayuntamientos, y estos no vendieron correctamente. Esta situación hizo que la tierra desamortizada cayera en unas pocas manos, precisamente los que ya tenían tierras, en su mayor parte. Por eso, no se produjo la esperada mejora de rendimientos agrarios, ya que los nuevos propietarios apenas mejoraron las nuevas propiedades. Esto dejó a España con el problema agrario sin resolver. Más bien, lo complicó.

Las desamortizaciones, a su vez, tuvieron una intencionalidad recaudatoria para sanear la Hacienda y erradicar la Deuda Pública. Pero, el bajo precio al que se vendió, pese a la cantidad de las tierras vendidas, más de 100.000 Km cuadrados, apenas supuso un gran beneficio al Estado. El grueso de las transferencias tuvo lugar entre 1837 y 1874 y supuso un cambio de duelo del 30% de las tierras.

2. Proceso de desamortización

El proceso de ventas de las propiedades amortizadas no fue continuo, sino el resultado de varias desamortizaciones realizadas en distintos periodos a lo largo del XIX.

A) Primer proceso desamortizador

La primera fue llevada a cabo por Godoy bajo el reinado de Carlos IV dirigida por su primer ministro Godoy y el ministro Miguel Cayetano Soler entre 1798 y 1808. Fue iniciada en 1798 cuando Carlos IV obtuvo permiso de la Santa Sede para expropiar los bienes de los jesuitas y de obras pías que en conjunto venían a ser una sexta parte de los bienes eclesiásticos. En ella se desamortizaron bienes de la Compañía de Jesús, de hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y de Colegios Mayores universitarios por un valor superior a los 1.500 millones de reales.

La segunda la realizó José I Bonaparte, decretó la desamortización de los bienes de las órdenes religiosas, además de la confiscación de sus rentas para el avituallamiento y gastos de guerra de las tropas francesas, de forma que se devolvieron en 1814.

La tercera fue la realizada durante las Cortes de Cádiz entre 1810-1814, mediante la Ley de abolición de los derechos señoriales, la ley del reparto de bienes de propios y comunes, que suponía una desamortización de los bienes municipales, y la Ley de incorporación al Estado de bienes de órdenes religiosas disueltas por los franceses, que suponía disolver toda congregación que tuviera menos de nueve miembros. Esta no tuvo valor debido a la vuelta de Fernando VII.

La cuarta tuvo lugar en el Trienio Liberal (1820-1823), que suponía una desamortización de los señoríos, con la Ley de desvinculación de los señoríos, una desamortización de los bienes municipales, con el Decreto convirtiendo en propiedad particular los baldíos y realengos, y una desamortización religiosa, con la Ley de incorporación al Estado de bienes de monasterios y conventos disueltos por las Cortes, es decir, todos aquellos que tuvieran menos de veinte miembros. Tampoco tuvo trascendencia por la vuelta de Fernando VII al absolutismo.

B) Proceso de desamortización general

Los dos procesos principales de desamortización del siglo XIX se conocen por el apellido de sus impulsores, Mendizábal y Madoz.

a) Desamortización de Mendizábal. Desamortización eclesiástica, clero regular.

La desamortización impulsada por Juan Álvarez de Mendizábal en 1836 se centró en las propiedades de la Iglesia. Por medio de una serie de disposiciones legales, Primer decreto desamortizador de febrero de 1836 y Segunda Ley desamortizadora del 1837, fueron disueltas las comunidades religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza y a la beneficencia. El Estado perseguía un triple objetivo: sanear la Hacienda, crear un grupo de propietarios adictos al Régimen Liberal y desarrollar el sector agrario e industrial.

El Estado confiscó los bienes de las comunidades religiosas y los sacó a subasta pública. La necesidad de obtener dinero para financiar la guerra carlista propició la venta acelerada de los bienes, que se vendieron por debajo de su precio real y, generalmente, a los grandes propietarios. Como la división de los lotes se encomendó a las autoridades municipales, estas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y crear grandes lotes, inasequibles a los pequeños propietarios, pero pagables, en cambio, por las oligarquías muy adineradas y por las antes insignificantes autoridades municipales, que se convirtieron en caciques locales.

Los terrenos desamortizados por el gobierno fueron únicamente eclesiásticos, principalmente aquellos que habían caído en desuso. A pesar de que expropiaron gran parte de las propiedades de la Iglesia, ésta no recibió ninguna compensación a cambio. Por esto la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros. El valor de lo vendido ascendió a uno 3.440 millones de reales (5 millones de euros).

5 millones de euros).