Crisis restauración
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La crisis del sistema de la Restauración (1898-1931)
El desastre de 1898 mostró las deficiencias del régimen de la Restauración y dio lugar a un reformismo político, basado en las ideas regeneracionistas. Poco después, la mayoría de edad del monarca Alfonso XIII (1902) marcó el inicio de la segunda etapa de la Restauración.
María cristina otorgó su confianza para formar gobierno a un nuevo líder conservador, Francisco Silvela, quien convocó unas elecciones. El nuevo gabinete mostró una cierta voluntad de renovación. Se inició así una política reformista con proyectos de descentralización administrativa, pero también se impulsó una política presupuestaria que aumentaba los tributos sobre los productos de primera necesidad y creaba nuevos impuestos para hacer frente a las deudas contraídas durante la guerra de Cuba. Los ministros más renovadores acabaron dimitiendo y, aunque el gobierno era conservador, la regente otorgó de nuevo su confianza a los liberales. Las viejas prácticas del turno de partidos volvieron aparecer.
En 1902 subió al trono el monarca Alfonso XIII. El momento coincide con la renovación de liderazgo de los partidos dinásticos. En 1903 murió Sagasta y la jefatura del partido conservador pasó a manos de Antonio Maura, mientras en el partido liberal se afianzaba José Canalejas. Esta generación, influida por el regeneracionismo, impulsó los más importantes proyectos de reforma desde el interior del sistema. Maura se convirtió en jefe de gobierno, tenía un espíritu renovador y reformista, aunque siempre dentro de las ideas del conservadurismo. Su proyecto político defendía la necesidad de que el régimen debía reformarse desde el gobierno para impedir que lo transformase una revolución popular. Intentó la regeneración del sistema a partir de la formación de una base social, las llamadas “masas neutras”, con cuya ayuda pretendía configurar un Estado fuerte. En esa dirección llevo a cabo una reforma electoral (Ley Electoral) que no consiguió ni acabar con la corrupción ni democratizar el sistema político, pero que hizo más difícil el fraude electoral. Maura también adoptó medidas económicas para reactivar la industria y promulgó la Ley de Colonización Interior para estimular la agricultura. En el terreno social, aprobó algunas leyes (Ley del Descanso Dominical) y creó el Instituto Nacional de Prevención dedicado a los seguros obreros. La brutal represión que siguió a la revuelta fue la causa principal de la caída del gobierno conservador.
En 1910, José Canalejas formó un nuevo gobierno liberal. Su programación proponía la modernización de la política, e intentaba atraer a ciertos sectores populares a partir de un mayor reformismo social y de limitar el poder de la iglesia. Abordó la reforma del procedimiento de financiación de la Iglesia y profundizó en la separación de la Iglesia y el Estado. La negativa de la Santa Sede a cualquier proceso de reforma comportó la promulgación de la Ley del Candado que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas. Uno de los elementos básicos de la política social fue la sustitución del impuesto de consumos por un impuesto progresivo sobre la renta, que comportó la protesta de las clases acomodadas. También se reformó la Ley del Reclutamiento, que pasaba a ser obligatorio en tiempos de guerra, y se suprimió la redención en metálico. Se promulgaron una serie de leyes encaminadas a mejorar las condiciones laborales, como la normativa sobre el trabajo de la mujer. Canalejas fue sensible al problema de las autonomías regionales. En consecuencia, el gobierno liberal elaboró la Ley de Mancomunidades, que aceptaba la posibilidad de la unión de las diputaciones provinciales para hacerse cargo de la gestión de algunos servicios públicos. Pero este proyecto y el resto de reformas se vieron interrumpidos por la muerte de Canalejas, asesinado por un anarquista en el año 1912. La Ley de Mancomunidades sería aprobada bajo el gobierno conservador de Eduardo Dato y tan solo se constituiría la Mancomunidad de Cataluña.