Análisis Comparativo de las Zonas Republicana y Nacional Durante la Guerra Civil Española

La Economía de la Zona Nacional

a. La Industria

La "Declaración de Industrias de Interés Estratégico" (1939) buscaba beneficiar a la industria privada mediante la entrega de terrenos gratuitos, exención de la mitad de los impuestos y garantía de obtener un 4% de beneficios. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes, lo que llevó a una mayor intervención estatal. Se creó el Instituto Nacional de Industria (INI, 1941) con el objetivo de desarrollar una industria básica (siderurgia y aluminio), energética (carburante y electricidad) y textil (vestidos). Este "holding" estatal se financiaría con la emisión de papel moneda, lo que provocaría inflación.

b. El Transporte

El Estado asumió el control de toda la red ferroviaria, creando la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE, 1940), con el objetivo de reconstruir la red y el parque móvil. Esta iniciativa también se financió con la emisión de papel moneda, lo que contribuyó a la inflación. Para asegurar la viabilidad de la industria privada y estatal, así como del transporte, el Estado recurrió a la reducción de los costes laborales. Se fijaron los salarios de los trabajadores por parte del gobierno (a cambio, se implementaron restricciones en el despido) y se controlaron las huelgas a través de la Confederación Nacional de Sindicatos (CNS).

Evolución de las Dos Zonas

La Zona "Republicana"

Los gobiernos de los partidos republicanos (Casares Quiroga y José Giral, mayo - septiembre de 1936) tomaron la decisión de disolver el ejército de su zona y repartir las armas entre los militantes de los partidos y sindicatos de izquierdas, lo que provocó la desintegración del Estado. La zona quedó bajo el poder de los comités y milicias de los partidos y sindicatos, iniciando un periodo de terror sobre las personas consideradas de derechas. Paralelamente, se extendió la revolución (ocupación y colectivización de tierras, fábricas y servicios), lo que provocó una brusca caída de la producción.

El gobierno de coalición de Largo Caballero (septiembre de 1936 - mayo de 1937), formado por republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas, inició la reconstrucción del Estado, lo que provocó violentas luchas internas. Se creó el "Ejército Popular" mediante la militarización de las milicias y la creación de un Estado Mayor, con la violenta oposición de los anarquistas de la CNT, sobre todo en Barcelona. En el País Vasco, el PNV creó su propio ejército.

El gobierno de Juan Negrín (mayo de 1937 - marzo de 1939), formado por socialistas y comunistas, profundizó en la reconstrucción del Estado. Unificó en un solo mando los planes militares, desmanteló las colectivizaciones revolucionarias y organizó la industria de guerra, persiguiendo a los miembros de la CNT. Ante las disensiones en el gobierno (partidarios de negociar la paz a través de Francia y Gran Bretaña), mantuvo "la resistencia a ultranza" hasta que el coronel Casado, jefe del ejército del centro, dio un golpe de Estado en Madrid y puso fin a la guerra.

La Zona "Nacional"

El ejército nacional creó un gobierno provisional, la Junta de Defensa Nacional, que estableció el estado de guerra, paralizó la legislación del Frente Popular y, junto a las milicias falangistas y requetés, inició el terror sobre las personas consideradas de izquierdas. El 1 de octubre de 1936 se unificó la dirección militar y política en la persona del general Francisco Franco (generalísimo de los ejércitos y jefe de Estado), ya que era el militar en mejor posición para la jefatura frente a Mola y Queipo de Llano.

En 1937, Franco procedió a unificar a los partidos políticos de derechas (Falange, Comunión Tradicionalista, Renovación Española y CEDA) en el Movimiento Nacional, quedando bajo su control. En 1938, Franco asumió la jefatura del Gobierno. Igualmente, estableció las nuevas relaciones laborales basadas en el Fuero del Trabajo y en la creación de un sindicato único dependiente del partido, la Confederación Nacional de Sindicatos (CNS), que encuadraba a empresarios y trabajadores, y donde se prohibía la huelga y el gobierno fijaba los salarios y las normas de trabajo. En febrero de 1939, con la guerra prácticamente ganada, se decretó la Ley de Responsabilidades Políticas para castigar, con efectos retroactivos desde octubre de 1934, a las personas que apoyaron de algún modo a los gobiernos de izquierda.

El Poder Judicial Según la Constitución

El Título VI de la Constitución establecía que la justicia sería administrada por jueces y magistrados, independientes e inamovibles, en los juzgados y tribunales bajo el principio de unidad jurisdiccional (sin privilegios sociales ni territoriales), siendo el Tribunal Supremo el órgano superior y con jurisdicción en toda España. Los ciudadanos participarían a través de la acción popular (institución procesal complementaria a la acusación del fiscal) y del jurado. El órgano de gobierno sería el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), compuesto por 12 jueces y magistrados a elegir y 8 abogados y juristas elegidos por las Cortes (3/5) durante 5 años.

Se creaba al margen del poder judicial el Tribunal Constitucional para los recursos de inconstitucionalidad de leyes, el amparo de los derechos fundamentales y los conflictos entre el Estado y las autonomías. Se compondría de 12 miembros: 8 elegidos por las Cortes (3/5), 2 por el Gobierno y 2 por el CGPJ. Tendrían un mandato de 9 años, renovándose por tercios cada 3 años.

Reforma Constitucional

El Título X de la Constitución establecía que la reforma debía ser aprobada por las Cortes por 3/5 (60%), pudiendo pedir un referéndum de ratificación el 10% de una de las cámaras. Para la reforma del núcleo duro de la Constitución (preliminar, derechos fundamentales y la corona) se requería la aprobación de las Cortes por 2/3 (66%) y la disolución de las mismas. Las nuevas Cortes debían aprobarla de nuevo y la Nación ratificarla en referéndum.